Política

Cristina, Macri y el riesgo moral

El riesgo moral es un problema de incentivos, que se genera cuando una persona no es recompensada por lo que hace o cuando no tiene que pagar todos los costos de sus actos.

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En menos de una década, contada desde la caída de Berlín y la muerte de Hitler, la sociedad alemana pasó de ser la idílica “comunidad popular” del nacionalsocialismo, a convertirse en una sociedad democrática y moderna gracias a lo que Hermann Lübbe llamó el “silencio comunicativo sobre el pasado”. O en términos coloquiales: borrón y cuenta nueva.

Ese cambio social resultó de la combinación de dos procesos; por un lado, de la aplicación de lo que algunos autores llamaron la “fuerza curativa del olvido”, y por el otro, gracias al “Wirtschaftswunder” o “milagro económico” impulsado por las políticas implementadas por el ministro Ludwig Erhard, bajo el gobierno del canciller Konrad Adenauer. En un contexto donde el presente económico era sustancialmente mejor que la situación vivida hasta pocos años antes, la facilidad para el olvido de lo sucedido bajo el régimen nacionalsocialista era mayor (y más conveniente).

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los aliados juzgaron en Nuremberg a los veinticuatro principales dirigentes nazis supervivientes y que habían podido capturar. Acusados de crímenes de guerra, condenaron a muerte a diez de ellos; a otros siete los condenaron a largas penas de prisión o a cadena perpetua, y al resto a penas algo más breves. A la vez, a un número muy elevado de alemanes se les obligó a transitar por un proceso de “desnazificación”, que consistía en examinar su pasado nazi y someterlos a instancias de “reeducación”.

La política de “amnistía e integración” impulsada por Adenauer vine al caso para el presente argentino, dadas las voces que vienen reclamando la necesidad de poner un punto final a la indagación sobre el pasado reciente, el que transcurre en los años que lleva el siglo XXI

Sin embargo, millones de alemanes que habían sido nazis convencidos o que habían seguido órdenes nazis no fueron juzgados. Al contrario, sobre esa masa ampliamente mayoritaria de la sociedad alemana se aplicó aquel poder curativo del olvido. Adenauer impulsó una política de “amnistía e integración”, expresión eufemística que refiere a la decisión política (y social) de no indagar en el pasado de cada alemán. En palabras de Adenauer: “Tenemos detrás de nosotros circunstancias tan desconcertantes que se recomienda hacer una tabula rasa general”. Y toda la clase política alemana coincidía en esa necesidad, la cual clamaba también la propia sociedad en su conjunto.

La mayoría de los alemanes terminaron adoptando la visión de que los crímenes nazis habían sido obra de una pequeña camarilla de malvados líderes -casos puntuales-, y que el grueso de la población era inocente, incluidos los soldados que formaron parte del ejército alemán, tanto como las “formaciones especiales”. Y este sentimiento se materializó en una sucesión de leyes dictadas por el Parlamento que fueron, una tras otras, fomentando el olvido, amnistiando e integrando.

Un fiscal, Fritz Bauer, convencido que los alemanes debían juzgarse a sí mismos, comenzó a llevar a juicio a decenas de ciudadanos alemanes que habían desempeñado funciones de escasa relevancia bajo el régimen nazi. En esos juicios, ante la excusa de los acusados centrada en que cumplían órdenes, el planteo de Bauer era que todas las personas deben tener un sentido del bien y el mal, y actuar con arreglo a ese sentido, más allá de lo que se le ordene hacer o lo que la legislación vigente le permite u obligue hacer. En su amplia mayoría, los juicios promovidos por Bauer terminaron en la absolución de los imputados, y esto obedeció no a que los jueces tuvieran sus propios antecedentes nazis (como la gran mayoría del estamento jurídico del Estado alemán una vez finalizada la guerra), sino a que el sentimiento general de la sociedad alemana buscaba cerrar la ventana que lo conectaba con el pasado reciente; buscaba sentir el poder curativo del olvido.

Este recuerdo de la política de “amnistía e integración” impulsada por Adenauer vine al caso para el presente argentino, dadas las voces que abiertamente, unas veces, y soterradamente, en otras ocasiones, vienen reclamando la necesidad de poner un punto final a la indagación sobre el pasado reciente, el que transcurre en los años que lleva el siglo XXI

En los días en que se escriben estas líneas, los medios periodísticos informan abiertamente de las tratativas para concretar una reunión entre el ex presidente Mauricio Macri y la ex presidente (y actual vicepresidente) Cristina Fernández. Ambas figuras, apremiadas -de manera desigual, pero apremiadas al fin- por procesos judiciales sobre supuestos hechos de corrupción llevados a cabo bajo sus respectivos gobiernos, buscan -ellas y el conjunto de la llamada “clase política” que se estructura en torno a ambos- encontrar la manera de poner un punto final a la situación, cuya evolución pudiera llevarlos a la cárcel.

El camino de alcanzar un nivel de consenso político, en primer término, y social, en un segundo momento, que facilite crear un clima que contemple la sanción de una amnistía, parece ser el camino que se impone. Una adecuación argentina de aquella “amnistía e integración”, con borrón y cuenta nueva, que impulsó Adenauer.

La situación procesal de ambos hace descartar un indulto, puesto que no poseen condena en firme, a la par que el hecho de ser indultados aparejaría un reconocimiento explícito de que han cometido delitos que requieren de un “perdón” presidencial, expresándose a través del mismo, el “perdón” de la sociedad. Ninguna de ambas figuras (ni sus seguidores) acepta haber cometido delito alguno, por lo cual la idea de un indulto es doblemente descartable.

El camino de alcanzar un nivel de consenso político, en primer término, y social, en un segundo momento, que facilite crear un clima que contemple la sanción de una amnistía, parece ser el camino que se impone. Una alternativa que lleve a la reconciliación nacional, sancionada con fuerza de ley; una adecuación argentina de aquella “amnistía e integración”, con borrón y cuenta nueva, que impulsó Adenauer.

Ahora bien, sin juzgar si el camino por el que optó el pueblo alemán fue correcto o no, sino concentrándose en el impacto que generaría esa “amnistía e integración” en Argentina, cabe preguntarse qué efectos generaría. O quizás, con mayor precisión: ¿qué riesgos aparejaría esa “solución” tan buscada por los representantes de la clase política?

La respuesta inicial a dicha pregunta es clara: riesgo moral.

Una definición sencilla de riesgo moral es la que señala la situación en la que un individuo no tiene que asumir todos los costos asociados con sus acciones. El concepto, más que la denominación en sí, comenzó a utilizarse en el siglo XVII, para hacer referencia a los riesgos que asumían las compañías aseguradoras, las cuales no podían conocer las verdaderas intenciones de quienes contrataban sus servicios. En el siglo siguiente, Adam Smith aplicó dicho concepto en el ámbito económico para referirse a la divergencia de intereses entre los accionistas y los directivos de las sociedades por acciones: los primeros solo esperaban recibir un dividendo, el cual surgiría de una correcta dirección de la firma que la condujera a obtener ganancias, mientras que los segundos, “al manejar mucho más dinero de otras personas que de ellos mismos, lo vigilen con el mismo ansioso cuidado con el que frecuentemente vigilan el suyo los socios de una empresa particular (…). En consecuencia, el manejo de los negocios de esas compañías siempre está caracterizado en alguna medida por la negligencia y la prodigalidad.”

El riesgo moral se podría conceptualizar como el problema que surge cuando un individuo se porta de manera distinta al comportamiento diligente ordinario que debería observar en función a su exposición al riesgo. Tomando el clásico ejemplo de los individuos que contratan un servicio de seguro, al no tener que pagar las consecuencias de sus acciones por estar asegurados, su comportamiento será menos precavido y más negligente en torno a los riesgos que asuman.

Una situación de riesgo moral existe cuando se está en presencia de una divergencia de intereses entre las partes, lo cual ocurre siempre que hay separación entre la propiedad y la gestión, a la par que existe información asimétrica. Es decir, la noción de riesgo moral nos lleva al campo de la teoría del Principal y el Agente. Los intereses de ambos son disímiles, así como las herramientas (información) con que cuentan cada uno, lo que incentiva al Agente a aprovechar esa diferencia de acceso a información para realizar acciones en favor de sus propios intereses (y, en general, en contra de los intereses del Principal, tanto en el corto como en el largo plazo).

En esencia, el riesgo moral así entendido es un problema de incentivos, que se genera cuando una persona u organización no es recompensada por lo que hace o cuando no tiene que pagar todos los costos de sus actos.

Es decisivo que los funcionarios públicos que perjudican a los usuarios, administrados y consumidores, generándose una responsabilidad económica y social, sufran las consecuencias de sus hechos dañosos. En palabras de A. Gordillo: “No hay nada peor para una democracia que la impunidad de los agentes públicos”.

La teoría del Principal y el Agente y la noción de riesgo moral son plenamente aplicables a todo tipo de contratos, incluidos los de gestión del Estado. En tales contratos, una persona o un conjunto de personas -el Principal- encargan a otra u otras -el Agente- la defensa de sus intereses, delegando para ello cierto poder de decisión, que queda en manos del Principal. Cuando el ciudadano vota un cargo electivo, está encargando a su representante político la elaboración y/o aplicación de normas legales para el beneficio común.

Así como las acciones de una firma eligen al gestor de la misma, esperando una buena administración y que esta se exprese en dividendos crecientes y sostenibles, los ciudadanos eligen Agentes para la gestión del Estado, con la misión de que generen un marco social y económico que permita el desarrollo de cada individuo con cierto nivel de estabilidad, previsibilidad y sostenibilidad.

Unos y otros, accionistas y ciudadanos, quedan sujetos al riesgo moral que implica delegar capacidad decisoria en el Agente elegido, el administrador de la firma o el funcionario político que corresponda. Ese riesgo es que tales Agentes busquen objetivos personales en detrimento de los intereses del principal. Esa discrepancia generará una pérdida de eficiencia decisoria, siempre que los costos y perjuicios ocasionados por una decisión no recaiga sobre el individuo que toma las decisiones.

Cuando el CEO de una gran empresa genera gastos suntuarios para sí, sin más autoridad que la que se da a sí mismo, o cuando toma decisiones de inversión o de orientación productiva que no redundan más que en pérdidas, las consecuencias de ese accionar recaerán principalmente en los accionistas. Cuando un funcionario toma medidas de políticas que repercuten negativamente en el desenvolvimiento económico en el corto, mediano o largo plazo, aun cuando fuesen hechas, en el concepto de Scott Peck, sólo como “malas acciones”, las consecuencias de las mismas no recaerán sobre dicho funcionario, sino sobre el conjunto de la sociedad.

Eludir o atemperar el riesgo moral suele considerarse lo más factible en el ámbito privado, cuando los Agentes “asocian” al Principal con el resultado que obtenga: es decir, alineando incentivos para que gestione bien la empresa, haciéndolo partícipe de las ganancias que obtenga. Sin embargo, este mecanismo funciona bien en la teoría, pero no tan bien en la práctica. En contextos de euforia económica, cuando los controles tienden a ser más laxos, el Principal suelen actuar con baja aversión al riesgo, exponiendo a las empresas a situaciones de difícil resolución, pero sin que el Agente sufra las consecuencias. El ejemplo de Richard Fuld, último CEO de Lehman Brothers antes de la crisis de 2008 es un buen ejemplo de lo señalado.

En cambio, en el ámbito de la administración del Estado, esa limitación del riesgo moral es más difícil, en primer término, porque no hay tradición (ni mecanismo de sencilla implementación) en cuanto a asociar a los administradores con los resultados que obtengan. Sin embargo, es decisivo que los funcionarios públicos que perjudican a los usuarios, administrados y consumidores, generándose una responsabilidad económica y social, sufran las consecuencias de sus hechos dañosos. En palabras de A. Gordillo: “No hay nada peor para una democracia que la impunidad de los agentes públicos”.

Por definición, el riesgo moral es hacia el futuro: los Agentes toman decisiones en el presente, asumiendo el Principal el riesgo que se materializará en el futuro (malos resultados económicos de la empresa, deterioro macroeconómico nacional, etc.). Y esa toma de decisiones en el presente se hace sobre la base de lo que se espera recibir en el futuro: el Agente sopesa hoy lo que sucederá mañana con la decisión que tome ahora. Y si en ese mañana no hay consecuencias que él deba asumir por el accionar presente, actuará con la negligencia y prodigalidad que mencionaba Adam Smith.

Alcanzar una amnistía general para finalizar con la indagación del pasado reciente en lo atinente a la gestión del Estado es alinear incentivos para más corrupción e impunidad en el futuro.

Implementar una política de “amnistía e integración”, aplicar una política del olvido para lo actuado por los anteriores gobiernos de Cristina Fernández y de Mauricio Macri es generar riesgo moral: los futuros Agentes que asuman la gestión delegada del Estado no tendrán incentivos de ningún tipo para actuar en beneficio común, sino que sabrán que hagan lo que hagan, busquen su interés por mecanismo legítimos o ilegítimos, no deberán rendir cuentas ni pagar los costos de las decisiones que asuman.

Alcanzar una amnistía general para finalizar con la indagación del pasado reciente en lo atinente a la gestión del Estado es alinear incentivos para más corrupción e impunidad en el futuro. Y eso es lo que quiere la casta política, bajo una pátina de gobernabilidad y armonía social. Impedir o permitir que se concrete será un punto de inflexión -positivo o negativo- en la trayectoria sociopolítica del país.

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