Política

Good LUC, Bad LUC, Fuck LUC

El panorama post referéndum dejó claro que la sociedad uruguaya es actualmente una sumatoria de grietas que se entrecruzan.

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Con los resultados del referéndum del pasado domingo 27 de marzo, el escenario político uruguayo quedó representado en tendencias. El país de los buenos y los malos; el de la derecha y la izquierda, y el de los que ya no creen en buenos ni malos y saben que izquierda y derecha gobiernan exactamente igual.

En octubre del año pasado, durante la inauguración de un complejo de edificios en Punta del Este, el Presidente Luis Lacalle Pou dijo que en Uruguay no había grieta porque la uruguaya era una sociedad cohesionada. En general, los actores de todos los sectores políticos tienden a negar la existencia de una grieta, hay una idealización del consenso institucional como seña identitaria del Uruguay, “pequeño país modelo”, “democracia ejemplar”; atavismos de la Suiza de América.  El panorama post referéndum, no obstante, dejó claro que la sociedad uruguaya es actualmente una sumatoria de grietas que se entrecruzan.

De la mano del culto a las dictaduras latinoamericanas, como las de Cuba o Venezuela, aparecieron los narco y los petro negocios, que aparejaron el resurgir de la vieja y querida corrupción, esta vez con un nuevo sesgo que intentaba minimizarla: José “Pepe” Mujica, “el presidente más pobre del mundo”.

El Frente Amplio llegó al poder en 2005 para refundar el rol simbólico-cultural del Estado: un Leviatán dador de prebendas y derechos para minorías postergadas, que trajo consigo la creación del Ministerio de Desarrollo Social y los planes de asistencia económica a familias de bajos recursos, el matrimonio igualitario, los beneficios económicos y cuotas para afrodescendientes, transexuales y mujeres, el aborto libre y gratuito, la estatización del mercado de marihuana, entre otras maravillas. Al mismo tiempo fue generador de un relato de auto legitimación moral impuesto en todas las áreas del Estado, especialmente en la educación. Ese relato fue exitosamente asimilado por los medios de comunicación a través de los múltiples agentes culturales y militantes de izquierda que los pueblan, transformado en la tabla de salvación de un país que, en buena medida, añoraba las glorias del batllismo de principios siglo XX.  

Tras quince años de machacón autobombo, la sociedad empezó a asimilar ese nuevo batllismo como parte de las políticas emblemáticas del Frente Amplio, sobre todo las relacionadas con las cuestiones de género y sexualidad, así como la fábula del heroísmo y el victimismo que se impartió desde las aulas y los medios, aludiendo a los monstruos de la dictadura y del neoliberalismo como los culpables de todos los males. De la mano del culto a las dictaduras latinoamericanas, como las de Cuba o Venezuela, aparecieron los narco y los petro negocios, que aparejaron el resurgir de la vieja y querida corrupción, esta vez con un nuevo sesgo que intentaba minimizarla: José “Pepe” Mujica, “el presidente más pobre del mundo”.

Durante los tres gobiernos de izquierda, la grieta se terminó de consolidar. La oposición, por su parte, sufrió un reiterado desgaste generado por el relato del “neoliberalismo de derecha” y la “corrupción de los años 90”. Eso, sumado a las avasallantes mayorías parlamentarias del Frente Amplio, dejaron a blancos y colorados prácticamente sin margen de maniobra. La erosión de la maquinaria de la hegemonía cultural empezó a transformar el discurso de la oposición en una adaptación cada vez más grotesca del progresismo, una mala copia del nuevo izquierdismo que busca competir con la original, no sólo por los votos, sino asumiendo la culpa impuesta por el relato y queriendo legitimarse moralmente frente a la sociedad en una suerte de grotesco aggiornamiento progre.

En los 15 años del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado no pudieron hacer políticas de oposición efectivas, desgastándose en ese rol aún más que las sucesivas, y cada vez más corruptas, administraciones de izquierda. Recién en 2018, y a través de un movimiento autoconvocado desde el interior del país, que aunó a productores rurales y gremiales agrarias, se logró el primer y único acto de protesta masivo en 15 años de gobiernos frenteamplistas.

A ese envión se sumó el surgimiento de un tercer partido, liderado por un excomandante en Jefe del Ejército del gobierno frenteamplista, Guido Manini Ríos. En el tramo final de la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, los partidos tradicionales cobraron relativa fuerza y los reclamos se transformaron en pedidos de investigadoras parlamentarias que nunca se concretaron por la ausencia de mayorías, y en denuncias penales por casos de corrupción que murieron archivadas en los cajones de un Poder Judicial y una Fiscalía adictos al Frente Amplio, hasta el día de hoy.

El discurso de la oposición es una adaptación cada vez más grotesca del progresismo, una mala copia del nuevo izquierdismo que busca competir con la original, asumiendo la culpa impuesta por el relato y queriendo legitimarse moralmente frente a la sociedad en una suerte de grotesco aggiornamiento progre.

Así se llegó al triunfo de la coalición, conformada por colorados, blancos y cabildantes en 2019. Un ajustado triunfo de Luis Lacalle Pou, cuyos votos propios en primera vuelta no habían llegado al 30 por ciento. Terminó ganando con el 48,8 por ciento, mientras que Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio obtuvo el 47,3 por ciento. Así quedó trazada, inicialmente, la geografía de la grieta clásica, que involucraba aspectos ideológicos aparentemente irreconciliables entre el marxismo frenteamplista y lo que prometía ser una propuesta más liberal de los partidos tradicionales.

En marzo de 2020 llegó el tiempo del esperado cambio, del ajuste de cuentas a través de unas auditorías prometidas por Lacalle durante la campaña electoral, que supuestamente develarían todo lo que las frustradas investigaciones parlamentarias y denuncias penales no habían logrado. El nuevo gobierno también suponía la puesta en práctica de una economía descentralizada, basada en el ahorro y la producción, en la baja de la pesada carga impositiva impuesta al sector privado, así como el ajuste del sector público que sumó 70 mil ingresos por la vía del clientelismo. Era la hora del rearme cultural y educativo de una sociedad sometida a los designios del marxismo, que llegó al punto de utilizar libros de texto en primaria que comparaban al comunismo con el sistema comunitario de los pitufos.

Pero nada de eso sucedió. En su lugar llegó el Covid-19, y con el mismo una serie de medidas que profundizaron el rol dirigista del Estado. El 13 de marzo, a doce días de asumido, el flamante presidente Lacalle firmó un decreto –vigente al día de hoy- por el cual declaró el estado de emergencia sanitaria nacional ante la pandemia. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche (mano derecha del ex ministro frenteamplista, Danilo Astori) anunció entonces un paquete de medidas de reactivación económica de corte keynesiano que pasaban por articular subsidios a trabajadores y fondos de reserva para la emergencia sanitaria. El 19 de marzo se anunció un incremento del fondo de garantías de crédito de la Agencia Nacional de Desarrollo para que las instituciones financieras accedieran a créditos por un monto de hasta 2.500 millones de dólares. Solamente en fondos Covid, el endeudamiento con organismos financieros (BID, CAF, FMI, BM), sobrepasó los 2.000 millones de dólares.

Al mismo tiempo, las restricciones a la economía comenzaron a hacer mella en las promesas de campaña. La suba de impuestos fue la primera promesa incumplida. Las anunciadas auditorías fueron sustituidas por interminables cadenas de televisión y finalmente olvidadas por una audiencia ávida de paternalismo sanitario y vacunas milagrosas. Tras algunos flirteos de Lacalle con Xi Jinping por la vía de una compra de partidas de Sinovac, que llevaron a sentidos mensajes de apego y ternura por parte del presidente hacia el régimen comunista chino y una promesa de TLC hasta ahora incumplida, llegaron los contratos secretos con Pfizer y la compra de sustancias experimentales por precios muy por encima de lo que pagaron otros países latinoamericanos. Todo se centró en la pandemia, en las prohibiciones y en el nuevo caballito de batalla: La Ley de Urgente Consideración (LUC).

El gobierno se tomó muy a pecho su rol de propagador cultural de las políticas de izquierda.

Aprobada por la Asamblea General en 2020, el gobierno la presentó como la principal iniciativa legislativa de la coalición de gobierno.​ Entre las reformas que dispone la LUC están la modificación de la legítima defensa en el Código Penal; el aumento de penas para delitos relacionados con el narcotráfico y la violencia sexual; ​la sanción al agravio o menoscabo a las autoridades policiales, limitación de la ocupación de espacios públicos y de piquetes, agravamiento de penas para menores infractores; modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera (LIF), con la opción a cobrar en dinero en efectivo y no obligatoriamente por medios electrónicos. El artículo más importante de la Ley, la desmonopolización de ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland) con el objetivo de bajar el precio de los combustibles, no fue apoyada por Cabildo Abierto (cercano al Frente Amplio en lo que refiere a la concepción de la economía) y de la mayor parte del Partido Colorado (padre fundador del estatismo que desarrolló el Frente Amplio). Finalmente fue quitado de la LUC.

Se inició entonces la campaña para derogarla, promovida por la central sindical PIT-CNT y el Frente Amplio, que fue subestimada por un gobierno empoderado por las encuestas de aprobación a la gestión de Lacalle en relación a la pandemia. El 8 de julio de 2021 se entregaron ante la Corte Electoral casi 800.000 adhesiones, superando el 25 por ciento del total de habilitados para votar que requiere la Constitución para interponer un recurso de referéndum.

Por parte del gobierno no hubo auditorías. La economía marcó el mismo rumbo que en los gobiernos anteriores. La Ley de Caducidad, mediante la cual se estableció la caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por parte de funcionarios militares y policiales durante el período de facto, que fuera refrendada en dos oportunidades por la ciudadanía y desconocida por los gobiernos del Frente Amplio, también fue ignorada por el gobierno de Lacalle Pou. En plena pandemia, mientras la gente “se quedaba en casa”, decenas de militares octogenarios fueran sacados de las suyas y llevados a prisión por el accionar de la Fiscalía y el Poder Judicial que siguen funcionando como oficinas del Frente Amplio.

En lo que refiere a las políticas culturales, el gobierno promovió la desidia y el continuismo, sin tocar los programas educativos de los Pitufos y promoviendo la ideología de género en las aulas, e incluso exacerbándolo en la propia administración. Fueron creadas decenas de unidades de género a lo largo y ancho del Estado, dándole cabida, así como jugosas partidas de dinero a organizaciones feministas que hicieron campaña abierta en contra de la LUC.

El gobierno se tomó muy a pecho su rol de propagador cultural de las políticas de izquierda. Mientras prohibía las aglomeraciones y reprimía a quienes se juntaban en las plazas, cerraba parques, playas, gimnasios y fomentaba la delación en el marco doméstico, llegando a intervenir en fiestas infantiles privadas, le otorgaba permisos al PIT CNT para organizar marchas de trabajadores y permitía que el Partido Comunista del Uruguay festejara su aniversario en un velódromo con capacidad para 5.000 personas.

El Gobierno comprometió la soberanía con la adhesión a la Agenda 2030. Una decisión que compromete la carta magna de Uruguay. En setiembre de 2020, en su discurso en ONU, Lacalle señaló que la Agenda 2030 debía mantenerse a toda costa, ya que era la guía central para avanzar en el desarrollo sostenible.

El pequeño movimiento contrario a estas medidas restrictivas, también fue reprimido, se llegó a procesar a tres activistas durante una manifestación de medio centenar de personas en una plaza pública de Maldonado, por el delito de juntarse a cantar el himno. La censura a las voces disidentes se extendió a todos los medios de comunicación, a los que se les cedieron millonarias partidas de dinero en propaganda para quedarse en casa y por supuesto, para vacunarse. Con el fin de nos desgastar la imagen de Lacalle, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, fueron los encargados de llevar adelante esta tarea frente a cámaras. Primero dijeron que el Covid-19 era una amenaza que mataría a los que no cumplieran con los protocolos propuestos. Dijeron que la tasa de letalidad era altísima. Que el virus no discriminaba por edad, que era peligroso enviar a los niños a la escuela porque después los asintomáticos matarían a sus abuelos. Dijeron que las vacunas eran una maravilla. Y después que no lo eran tanto pero que había que dárselas a todos, incluidos los niños, incluso sin importar que estuvieran vencidas.

Mientras esto sucedía, el Gobierno comprometió la soberanía del país en la adhesión a la Agenda 2030. Una decisión que nunca fue expresada en las campañas electorales y que compromete la carta magna de Uruguay. En setiembre de 2020, en su discurso en la 75ª Asamblea de las Naciones Unidas, Lacalle señaló que la Agenda 2030 promovida por la ONU debía mantenerse a toda costa, ya que era la guía central para avanzar en el desarrollo sostenible. En los meses sucesivos, la administración Lacalle siguió negando el debate a las voces que cuestionan hechos graves: internaciones en aislamiento, ausencia de autopsias, muertes vinculadas a la vacunación. El gobierno inició así una campaña de vacunación pueblo a pueblo, realizó experiencias con el pase verde, comunicó que los comercios y organizaciones podían reservarse el derecho de admisión a no vacunados y exigió la vacunación para el acceso a espectáculos públicos. En un año y medio, los cuatro canales de televisión de Uruguay dieron la palabra en cinco ocasiones, por escasos minutos a cuatro personalidades de la disidencia. En total, dos horas con 37 minutos, en más de seis mil horas de inoculación oficial de terror. Un 0,034 por ciento.

Cuando el domingo 27 de marzo la ciudadanía acudió a las urnas para votar en el referéndum de la LUC, la imagen del presidente tenía un 54 por ciento de aprobación según encuestas encargadas por el propio gobierno a una consultora que trabajó para la campaña de Lacalle. La selección uruguaya había logrado en la jornada previa la clasificación al Mundial de Catar, y el ambiente se mostraba favorable para que la LUC fuese refrendada por amplio margen y el gobierno recibiera el espaldarazo necesario para continuar en la línea del progresismo con desodorante. Lo que finalmente ocurrió, aunque por escaso margen: de los votos válidos emitidos, la papeleta rosada del Sí obtuvo hasta el momento (al cierre de esta nota falta escrutar los observados) el 48,03 por ciento; la papeleta celeste del No obtuvo el 49,05 por ciento.

a sumatoria de votos anulados y en blanco en el referéndum por la LUC le dijeron al sistema político lo que menos quiere escuchar, algo así como: ya no les creemos. Son el cinco por ciento de los electores.

Sin embargo, a la hora de los resultados, ocurrió algo que no estaba previsto por tirios ni troyanos: De los 2.299.202 votos emitidos, fueron anulados 81.817, es decir 3,55 por ciento. A eso se suma un 1, 53 por ciento de votos en blanco. Hubo, además, un 15 por ciento de abstenciones. La sumatoria de 110.000 votos anulados y en blanco en el referéndum por la LUC le dijeron al sistema político lo que menos quiere escuchar, algo así como: ya no les creemos. Son el cinco por ciento de los electores.

Si trazáramos la grieta derecha – izquierda sobre un plano al que denomináramos Uruguay, estaría partiéndolo por la mitad. No obstante, una nueva fisura traspasa las dos mitades; una nueva grieta que interpela 17 años ininterrumpidos de estancamiento, de falta de innovación, de graves problemas institucionales entre los diferentes sectores sociales y de uso del Estado como chacra propia, espacio de coerción de libertades, adoctrinamiento ideológico y promoción de políticas con sesgo de izquierda. Si esto hubiese sido una elección nacional, los votos anulados y en blanco de la LUC tendrían cuatro diputados, y les sobraría algo para entrar en los cocientes por un quinto.

El ataque frontal político-mediático a los no alineados con la agenda progresista, la presión creciente sobre los derechos de la ciudadanía, la infiltración y el debilitamiento de todos los poderes del Estado, el intervencionismo de entidades internacionales, el endeudamiento, el golpe permanente a la iniciativa y al emprendimiento privados, esa repugnante búsqueda de legitimación por parte de una población cada vez más ignorante, asustada y cómplice de la políticas liberticidas, que se parece demasiado a la demagogia populista por parte de todo el sistema político, son lastres con los que Uruguay carga desde hace ya demasiado tiempo.

Esta grieta, la del cinco por ciento de la LUC, es aire sin tapabocas para muchos hastiados. Es un cinco por ciento de luz, que deja en evidencia al Rey, que está desnudo, y permite entrever un futuro un poco más auspicioso para aquellos pocos uruguayos que todavía creen en la Libertad.

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