Economía

Acuerdo con el FMI: más de lo de siempre

Como se puede apreciar, los ajustes requeridos son inviables; cabe cuestionar, pues, si el gobierno está dispuesto a realizar lo que ha firmado.

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El programa acordado es precario, insuficiente y plagado de incongruencias. Del lado del staff del FMI, saben que de este gobierno no se puede obtener más; a su vez, les permite evitar las consecuencias internas que les ocasionaría un nuevo default argentino. El gobierno, a su vez, sabe que hay cierta línea de concesiones que el staff no puede traspasar, porque el directorio no aceptaría cualquier disparate. 

Se habla de bajar el déficit primario de 3 % pero en realidad es casi 3,7 % por efecto del arrastre del año pasado. O sea, se trata de un recorte de hasta un tercio del quebranto, llevándolo a 2,5 %, sin tocar el gasto. Como ha ocurrido siempre, las condicionalidades del Fondo se limitan a asegurar la solvencia mediante un aumento de los ingresos; es decir, con más carga fiscal.

El presente programa está conformado por medidas incongruentes, que se contradicen entre sí, y promesas que de antemano se sabe que no se podrán cumplir con las herramientas que se piensan utilizar.

Obtener esa reducción de déficit requerirá un incremento de los ingresos por el equivalente a unos siete puntos y medio de PBI, algo impensable por el nivel de presión fiscal y el acotado margen de maniobra de una administración desgastada y dividida. Reducir los subsidios energéticos por el equivalente a 0,6 % del PBI también aparece como impracticable.

En primer lugar debe tenerse en cuenta que el costo de los combustibles está volando —disparándose hasta seis veces respecto al año pasado— como consecuencia de la guerra en Ucrania. Por otra parte, Bolivia, nos promete menos gas que el originalmente comprometido y lo venderá más caro de lo que estaba proyectado; la porción que deje de proveer habrá que comprarla en el mercado internacional, a un precio mucho más caro. Además, la sequía nos restará aprovisionamiento hidroeléctrico, que habrá que reemplazar con energía más cara.

Los recortes de subsidios comprometidos requerirán, por contrapartida, aumentos de tarifas astronómicos: El costo de generación apunta a subir entre 80 % y 90 %, mientras que el programa plantea incrementos tarifarios de entre 20 % y 42 % para el 90 % de los clientes, por lo que los subsidios en principio tendrían que aumentar. Para sostener la reducción de subsidios comprometida se necesitarían progresivos y generalizados ajustes tarifarios, del orden de 125 % promedio en el año; en diciembre el salto interanual superaría 250 %. Y aplicando la segmentación planteada, la franja superior de consumidores debería pagar incrementos promedio de 300 %; llegado diciembre, las tarifas les habrían saltado hasta seis veces.Como se puede apreciar, los ajustes requeridos son inviables; cabe cuestionar, pues, si el gobierno está dispuesto a realizar lo que ha firmado. En el plano monetario las incongruencias no son menores. La emisión para financiar el déficit no podrá superar 1 % del PBI. 

Sin vocación ni capacidad para atender lo sustantivo, tiende a prolongar el desorden y las inconsistencias de la economía, a la vez de incrementar la carga ya extraordinaria de nuestra deuda.

En 2021 el Banco Central emitió con ese fin el equivalente a 3,8 % del PBI. A ello hay que sumar emisión por 0.9 % de PBI como producto de haber permitido constituir encajes con bonos públicos, destinando fondos que antes estaban en Leliqs. Esto significa que el financiamiento monetario del déficit deberá contraerse a poco más de un quinto que el del año pasado. Para cumplir con las pautas de a) déficit primario equivalente a 2,5 % de PBI y b) financiamiento monetario limitado a sólo 1 %, se requerirá colocar deuda nueva por el 1,5 % restante. Ello supone una colocación neta del orden de los $ 2 billones. Es muy difícil que la base monetaria crezca menos que lo que creció el año pasado.

Por un lado, será muy difícil seguir aumentando la deuda por Leliq, dados los abultados vencimientos y la competencia que supondrán las colocaciones del Tesoro. Además, la compra de DEGs y las divisas que aporten los organismos internacionales deberá realizarse con emisión de pesos.Considerando la resistencia a la baja que presentan tanto el déficit primario como su financiamiento mediante emisión, creemos que la inflación en 2022 —de no mediar una crisis mayor— podría ubicarse algo menos de diez puntos por encima del año pasado. Esto implica que la inflación se ubicaría, como mínimo, unos veinte puntos porcentuales por encima del tope superior pautado.

Por otra parte, el mantener las tasas reales en terreno positivo requerirá incrementos mayores en la tasa de Leliq y pases; con lo que la bola de nieve de la deuda cuasifiscal seguirá su curso. Además, si el tipo de cambio oficial debe aumentar al ritmo de la inflación, y las tasas en pesos que pague el BCRA serán positivas en términos de inflación, entonces también serán positivas en dólares, una suerte de seguro de cambio que daría lugar a una nueva bicicleta financiera.

Ausentes las reformas estructurales indispensables, las recetas del Fondo siempre terminan resultando destructivas para la actividad y para el sector privado.

En cuanto a la acumulación de reservas, proyectada en U$ 5.000 MM, es inconsistente con la esperable caída del superávit comercial, que podría derrumbarse en una tercera parte. Ausentes las reformas estructurales indispensables, las recetas del Fondo siempre terminan resultando destructivas para la actividad y para el sector privado. Ello surge de conjugar los dos pilares principales de sus programas: el incesante aumento de la presión tributaria (resultado de entender por solvencia fiscal exclusivamente la reducción del déficit, nunca del gasto estatal) y el alza de las tasas de interés, por encima de 50 % anual.

Por lo tanto, estos programas resultan destructivos del sector productivo y contractivos de la actividad por diseño. En este caso, vemos una caída de la actividad durante el año pero que en términos estadísticos debiera ser más que compensada por el positivo arrastre que dejó 2021. Nuestra evaluación, entonces, es que el presente programa está conformado por medidas incongruentes, que se contradicen entre sí, y promesas que de antemano se sabe que no se podrán cumplir con las herramientas que se piensan utilizar. No resuelve —ni lo intenta— ninguno de los principales problemas de fondo de la economía argentina. Sin vocación ni capacidad para atender lo sustantivo, tiende a prolongar el desorden y las inconsistencias de la economía, a la vez de incrementar la carga ya extraordinaria de nuestra deuda. Más aún: los fondos resultantes de este nuevo endeudamiento volveremos a quemarlos —una vez más— en gasto ordinario, sin resolver nuestros problemas estructurales sino agravándolos.

Los únicos beneficiarios del proyecto son los agentes de las partes involucradas: la clase política que se esperanza con que la nueva bocanada de aire le permita llegar a octubre’23, y la propia burocracia del Fondo que evita, que se materialice en un default la evidente mala praxis con que concedieron el stand by de 2018.

Los únicos beneficiarios del proyecto son los agentes de las partes involucradas: la clase política — en primer lugar, la actual administración, que se esperanza con que la nueva bocanada de aire le permita llegar a octubre’23, aunque también lava la cara de la anterior— y la propia burocracia del Fondo —que evita, por el momento, que se materialice en un default la evidente mala praxis con que concedieron el stand by de 2018. De todas formas, habida cuenta de la falta de reformas de fondo, las abundantes inconsistencias del programa, la inviabilidad de algunos compromisos, y la escasa determinación y unidad del gobierno para implementar los cambios comprometidos, creemos que el oxígeno provisto por el anuncio podría agotarse en un período muy breve, dando paso eventualmente a una desestabilización de magnitud.

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