Economía

Veinte años es mucho

Hubo profundas transformaciones que hacen que estas dos décadas transcurridas signifiquen estar, prácticamente, ante otra sociedad

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La remanida atracción hacia los números redondos para celebrar o recordar sucesos importantes no deja pasar desapercibido el nuevo aniversario de aquel dramático diciembre de 2001.

Veinte años pasaron desde entonces, y no, al contrario de lo que cantaba Gardel, veinte años es mucho, porque pasaron demasiadas cosas y, sobre todo, porque hubo profundas transformaciones que hacen que estas dos décadas transcurridas signifiquen estar, prácticamente, ante otra sociedad.

Veinte años transcurrieron, y la pobreza -según esta medición- solo descendió cinco puntos, lo cual, en el contexto del tiempo transcurrido -y de los momentos de bonanza económica que hubo dentro de ese período-, implica estar prácticamente en el mismo lugar que en el año 2001.

Medir estadísticamente una situación social, como es la pobreza, es tan difícil como definir con precisión qué es ella. Se pueden adoptar diferentes perspectivas conceptuales y distintas estrategias operativas, y la definición y los resultados de la medición serán disímiles. Y si a esto se le agrega que quien realiza esa medición es un organismo en manos del gobierno de turno (no solo un ente estatal, sino un ente manejado coyunturalmente, a conveniencia, por la gestión gubernativa del momento), la cuestión se complica aún más.

Sin embargo, a modo de hipótesis (muy arriesgada) pueden tomarse como ciertos los datos de medición de la pobreza por ingresos que releva el INDEC, haciendo abstracción de los reconocidos hitos histórico de manipulación de público conocimiento. Así, entonces, veríamos que hace veinte años, la medición de la pobreza en octubre de 2001 señalaba que cubría al 46% de la población relevada (urbana).

Hace un año, en octubre de 2020, saliendo el país de la etapa más dura de la manipulación social bajo la excusa de la pandemia de Covid 19, ese indicador arrojaba que la pobreza se extendía sobre el 42% de la población. Y pocas semanas atrás se dio a conocer la medición de octubre de 2021, donde el porcentaje era del 41%.

Veinte años transcurrieron, y la pobreza -según esta medición- solo descendió cinco puntos, lo cual, en el contexto del tiempo transcurrido -y de los momentos de bonanza económica que hubo dentro de ese período-, implica estar prácticamente en el mismo lugar que en el año 2001. Aquí sí se validaría aquello de “veinte años no es nada”.

Pero más allá de la cantidad de pobres relevada por el INDEC, en estas dos décadas han ocurrido cambios tan profundos, tan estructurales dentro del entramado social que aquel “no es nada” no tiene razón de ser. Veinte años es mucho si se lo mira desde la transformación social vivida en la Argentina.

Con el 46% de pobres en 2001, el país estaba en llamas. A la crisis del sistema monetario de la Convertibilidad instaurada en 1991, se sumaba la imparable extensión de la recesión de la actividad económica. La economía real estaba paralizada, los despidos, suspensiones y cierres de empresas de mediana y pequeña escala eran moneda corriente.

El malestar social era palpable pero, al igual que ocurrió en 1989 con la crisis de la hiperinflación, estaba acotado, contenido, y necesitaba de los estímulos correspondientes para expresarse abiertamente. Como tantas veces se repetía en aquel momento: faltaba que se le eche nafta al fuego. Y se hizo.

El malestar social era palpable pero, al igual que ocurrió en 1989 con la crisis de la hiperinflación, estaba acotado, contenido, y necesitaba de los estímulos correspondientes para expresarse abiertamente. Como tantas veces se repetía en aquel momento: faltaba que se le eche nafta al fuego. Y se hizo.

La combinación de la pésima gestión política encabezada por De la Rúa, con la agudización de las debilidades propias del régimen de la Convertibilidad (que no pudo corregir el regreso al gobierno de su creador, Domingo Cavallo), y con el fracaso de la estrategia negociadora del país con el FMI en el contexto de la renegociación de su deuda, constituyó el contexto perfecto para la crisis social se desenvuelva.

En Argentina aún se discute la orientación y quiénes impulsaron la llamada “Revolución de los orilleros” de 1811, así que mucho más se va a discutir si la caída del gobierno de De la Rúa fue producto de su propia incompetencia y/o de la crisis económica y/o de un golpe institucional impulsado por el empresariado endeudado en dólares e instrumentado por facciones del peronismo y el radicalismo.

Como todo proceso sociopolítico, lo ocurrido en diciembre de 2001 fue multicausal, combinando cada una de las cuestiones mencionadas: sin un gobierno débil gestionando un país sumido en la peor recesión en décadas y con un régimen monetario resquebrajado, solo bastó un poco de agitación social en el Conurbano, sabiamente administrada por los caudillos locales, siguiendo órdenes superiores, para que el fuego se expanda rápidamente. En otras palabras, la agitación social de 2001 no surgió de la nada, sino que se asentó sobre un contexto propicio que la justificaba. El puntero de Moreno o Merlo, siguiendo indicaciones que le llegaban desde Lomas de Zamora, con la anuencia de lo que se acordaba con gente de Chascomús, solo podía agitar movilizaciones y saqueos porque había un sustrato para ello. Y eso sin contar que a Lomas de Zamora y a Chascomús llegaban insistentes pedidos desde oficinas ubicadas en la calle Piedras y en la Av. de Mayo para que se ponga fin a la Convertibilidad.

Aquel 46% de pobres, entonces, y más allá de los intereses político-partidarios y empresariales, tenía motivos objetivos para expresar su malestar. Unas gotas de nafta bastaban para encender el fuego.

El puntero de Moreno o Merlo, siguiendo indicaciones que le llegaban desde Lomas de Zamora, con la anuencia de lo que se acordaba con gente de Chascomús, solo podía agitar movilizaciones y saqueos porque había un sustrato para ello.

Sin embargo, hoy, con números de pobreza similares, ni descargando todo el contenido de un buque petrolero sobre los bolsones de pobreza del Conurbano se logra encender aquel fuego. Qué sucedió?

La crisis macroeconómica actual es de otra índole a la de 2001, pero es igualmente (o más) grave que aquella. La actividad económica general, que venía en picada desde años atrás, se ha visto muy afectada por las consecuencias de la cuarentena del año 2020 impuesta por el gobierno nacional y aceptada por los gobiernos locales. Pese a la contabilidad creativa que desenvuelve el INDEC para exponer niveles de reactivación económica, los indicadores muestran un panorama actual algo mejor que el de 2020, pero similar al de 2019, cuando la crisis económica se aceleraba. Y a nivel político, el gobierno nacional expone un devenir errante, con tensiones internas y careciendo de comando político y técnico unificado en áreas claves como economía o producción, a la par que sufrió una dura derrota electoral un mes atrás.

Pese a lo descrito, la paz social está incólume. Por qué?

No hay condiciones objetivas que, llegado el caso, justifique un estallido de cuño similar al de 2001? Sí, distintas a las de entonces, pero las hay: pobreza, indigencia, recesión, debilidad política… Pero no alcanza. Faltan, quizás, los incentivos de caudillos locales, punteros, para agitar movilizaciones o saqueos? No hay tal actividad porque, a diferencia de 2001, no hay decisión política de generar eso. Pero si la hubiera, y las condiciones objetivas lo justificasen, serían posibles esas movilizaciones y saqueos? Todo parece indicar que no. Por qué?

Se puede ensayar una respuesta multicausal a esa pregunta, con una raíz común: aprendizaje. Por un lado, por el aprendizaje que realizó la clase política (“la casta”, como comúnmente se la denomina ahora), y por el otro, el aprendizaje post-traumático que se hizo carne en el conjunto social, particularmente, en los sectores medios y de menores ingresos.

Al igual que en 1989, en 2001 la casta política realizó una ajustada administración de la violencia social sustentada en bases objetivas de crisis económica y política. Acicateó su inicio y la fue conduciendo, con picos y mesetas, según sus necesidades coyunturales (apurar la transición presidencial en 1989, impulsar el fin de la Convertibilidad en 2001). Pero como todo proceso social, una vez desatado, no siempre es manejable por sus impulsores, pudiendo tomar rumbos no deseados para aquellos. La agitación y movilizaciones incentivadas en el último trimestre de 2001 se prolongaron en el año siguiente, alcanzando un pico de intensidad muy elevado a mitad de ese año, cuando en un enfrentamiento con la policía bonaerense caen abatidos dos manifestantes. Es por eso que la clase política se empeñó en generar una red de contención social, que funcionara como factor de apaciguamiento y desmovilización, de modo de tener controlado a ese segmento poblacional.

Si bien hay antecedentes en la década de 1980, durante la de 1990 comenzó a armarse un entramado de asistencia social que, vergonzantemente, se denominó “desarrollo social”. Acorde con los lineamientos internacionales de gestión pública de aquellos años, el diseño y la gestión de ese entramado adquirió ribetes cuasi-científicos, muy focalizados en determinados nichos poblacionales, bajo parámetros de eficacia y eficiencia.

Pero la situación post-Convertibilidad era muy distinta a la de los años ’90 (si bien era, en gran medida, consecuencia de aquellos). A la gravedad y la urgencia se sumaba la necesidad de establecer mecanismos de apaciguamiento social inmediatos. Así, el “desarrollo social” de los primeros años kirchneristas fue una transición entre la asistencia social tradicional (multiplicidad de planes sociales, subsidios de diferente tipo, entrega regular de alimentos, etc.), hacia un nuevo esquema centrado en transferencias monetarias directa a los “beneficiarios” de esa asistencia social, teniendo por eje la creación en 2009 de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que posteriormente se complementó, en 2011, con la Asignación por Embarazo para la Protección Social.

Existían antecedentes, como un programa de transferencias directas instaurado en 2005 en la Ciudad de Buenos Aires bajo el gobierno de Aníbal Ibarra y mantenido y ampliado, posteriormente, por el gobierno de Mauricio Macri. Y a la vez, antes del lanzamiento formal de la AUH, en el Congreso de la Nación se habían presentado proyectos en el sentido de crear un mecanismo similar, impulsado el más importante, por Elisa Carrió.

La casta, sin distinción partidaria, buscó construir un entramado de asistencia directa, que pudiera funcionar como factor de contención social, pero sin desarmar el tradicional tejido territorial de reparto de planes o bolsones alimentarios.

Como se observa, la casta, sin distinción partidaria, buscó construir un entramado de asistencia directa, que pudiera funcionar como factor de contención social, pero sin desarmar el tradicional tejido territorial de reparto de planes o bolsones alimentarios. Basta con analizar las guías de programas sociales de la Nación o de la Ciudad de Buenos Aires (y de las demás provincias) para constatar la multiplicidad y superposición de beneficios que recibe una parte importante de la población. Y nada de esto se modificó con los cambios de gobierno intra y entre partidos a lo largo de estos últimos veinte años.

Se alegará que el monto involucrado en estas transferencias monetarias es muy bajo (por ejemplo, a diciembre de 2021, la AUH equivale a $ 5.677 por hijo). Pero, por lo señalado más arriba, debe enmarcarse eso en el conjunto del entramado de prestaciones que recibe esa población. Además, ella ha desarrollado una compleja estrategia de captación de prestaciones, división de roles, combinación de actividades, etc., que le permite subsistir.

Aunque las condiciones objetivas del funcionamiento económico generen un escenario pasible de albergar un estallido social, no están dadas las condiciones subjetivas, puesto que a lo largo de dos décadas, este segmento poblacional fue desarrollando una estrategia de supervivencia (acicateada por los políticos y funcionarios de turno) que captando recursos de diferentes prestaciones, y teniendo como eje vertebrador las transferencias monetarias directas, les ha permitido desenvolverse adaptativamente en su nicho del ecosistema socioeconómico.

De este modo, la casta logró “domar” a este colectivo social, alejando el peligro de su desmadre. Y por ende, facilitándose a si mismo disponer de una paz social requerida para el desenvolvimiento de sus “planes de gobierno”.

Así como la clase política aprendió la necesidad de contener a la masa poblacional genéricamente “pobre”, a fin de restarle autonomía decisoria que pudiera expresar el descontento por las condiciones materiales de reproducción de su vida, también esa misma masa poblacional, junto a las capas medias, aprendió a mantenerse contenida.

La debacle final del gobierno de Raúl Alfonsín, con inflación desbocada, cuando el sistema de precios dejó de tener sentido y el ingreso salarial e independiente se pulverizaba día a día, quedó marcada en el inconsciente social. Nadie quiere revivir eso. Del mismo modo, la recesión de 2001, la desaparición del peso como moneda de curso corriente, sepultada por cuasi-monedas emitidas por las provincias, y -nuevamente- la pulverización de los ingresos de trabajadores y autónomos aún está fresca en la memoria social. Esto tampoco quiere nadie revivirlo.

La clase media que se vio afectada (robada) con el corralito bancario de 2001 y la pesificación de 2002, no quiere siquiera imaginar transitar por algo así nuevamente. Y aún menos, quiere imaginar un escenario que repitiera la expropiación de ahorros que les significó el Plan Bonex de 1989.

Esas marcas traumáticas en la memoria social, en particular entre quienes viven de su trabajo y sus ahorros, aterrorizan a la población y la paralizan. No importa que el Banco Central esté arañando el fondo de la olla de las reservas de dólares o que siga inflando un globo inmanejable de deuda en pesos. No importa que la emisión siga a pasos agigantados y todo se traslade a precios. “No hagan olas” es la consigna que repica en el inconsciente social.

Se naturaliza y se acepta una inflación creativamente dibujada por el INDEC por debajo del 3%. Se acepta y se aprovecha que el gobierno determine el precio de determinados alimentos. Se aceptan y se aprovechan medidas de “promoción económica” para incentivar el turismo, o que se mantengan artificialmente bajas las tarifas energéticas y de transporte. Cómo se llega a esos precios “cuidados”, a esa reactivación turística, o pagar US$ 5 por mes de energía eléctrica por un departamento de tres ambiente ubicado en pleno corazón de Buenos Aires, no importa nada. Nada. La cuestión es que siga la rueda y no revivir los traumas de 1989 o 2001.

La capacidad de “doma” que aprendió a desarrollar la casta política combinada con la “estrategia de la avestruz” que sigue gran parte de la población, constituye la explicación de porque no ocurren episodios de violencia socioeconómica en 2021.

La capacidad de “doma” que aprendió a desarrollar la casta política combinada con la “estrategia de la avestruz” que sigue gran parte de la población, constituye la explicación de porque no ocurren episodios de violencia socioeconómica en 2021.

La gran diferencia entre el hoy y el 2001 está en las condiciones subjetivas de la población, en el principio grabado a fuego, “no hagan olas”, en la actitud de aguantar, consumir, gastar y mañana ver qué pasa…

Veinte años no es nada, es un verso tanguero que no encaja en la realidad de estas dos décadas vividas en el país. Pero sí hay otro verso que describe perfectamente el comportamiento social actual de huir hacia adelante, sin preguntarse por las consecuencias futuras de su presente: “Por cuatro días locos que vamos a vivir/Por cuatro días locos/Te tenés que divertir”…

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