Cultura

La estafa con los desaparecidos

El libro sobre el pago fraudulento de multimillonarias indemnizaciones a supuestas víctimas de la represión ilegal del Estado.

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Este libro nuevo libro del periodista José D’Angelo, publicado por El Tatu Ediciones, detalla la investigación periodística, convertida en denuncia penal, que pone el foco de atención en el pago, desde el Estado y sin control, de más de tres mil millones de dólares en indemnizaciones por la represión ilegal del Estado. Con prólogo de Juan Bautista “Tata” Yofre, describe y documenta con 10 ejemplos testigo, cómo, desde la Secretaría DDHH y el Ministerio de Justicia de la Nación, se han adulterado historias y modificado documentos públicos para el pago fraudulento de multimillonarias indemnizaciones a supuestas víctimas de la represión ilegal del Estado.

Durante años, funcionarios de esas dependencias han pagado multimillonarias indemnizaciones por las llamadas “leyes reparatorias”, sin que se permita el acceso a los datos que habilitaron esos pagos. La obra impugna el mito de los 30.000 desaparecidos, interpela a los argentinos acerca de lo que conocen o recuerdan de los años ’70 y los invita a contrastar el “relato oficial” con la historia documentada. 

También señala la necesidad de abrir a la opinión pública los archivos de la Secretaría DDHH para hacer una investigación transparente, que permita conocer la cantidad real de víctimas de la violencia política en aquellos años y el destino de los fondos “reparatorios”. Los casos narrados han sido denunciados en noviembre de 2019 por el autor del libro, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 4, cuyo titular es el Dr. Ariel Lijo, en los tribunales de Comodoro Py, en CABA. La causa ha sido caratulada como “NN s/Estafa” y, al entrar en imprenta el libro, aún se encuentra pendiente de resolución.

1. Caso Nora Lía Marquardt. 

Año 1975, gobierno constitucional de Isabel Perón. 

La revista “Estrella Roja” del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) anuncia: “El Comando “Héroes de San Martín” del ERP, intentó expropiar el dinero que transportaba un camión de caudales. En la acción murió combatiendo heroicamente la compañera Nora Lía Marquardt (Sargento Clara)”  

En gobierno constitucional y formando parte de una organización sediciosa puesta fuera de la ley, integra un comando guerrillero que intenta asaltar un camión blindado de una empresa privada para robarlo. En la acción, en la que hay custodios heridos, es abatida. Por la muerte de Nora Lía Marquardt, alias “Sargento Clara”, el Estado argentino pagó $ 17.593.669, actualizados por inflación a noviembre de 2021, según Liquidación Nro. 34.028 del Ministerio de Economía y se la homenajea en el Parque de la Memoria, dependiente del Gobierno de la CABA.

2. Caso Atilio Santillán.

22 de marzo de 1976, gobierno constitucional de Isabel Perón

La revista “Estrella Roja” del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) anuncia: “PARTE DE GUERRA. Buenos Aires, 22 de marzo de 1976. Comunicamos que a las 12.25 del día de la fecha una Unidad de nuestro Ejército Revolucionario del Pueblo procedió a cumplir la orden de ejecución del agente enemigo ATILIO SANTILLAN, ordenada por nuestro Estado Mayor Central. Atilio Santillán desde la Secretaría de la FOTIA deshonró la gloriosa tradición de lucha del gremio azucarero y actuando como agente de los servicios de información militar entregó al enemigo numerosos de los mejores luchadores de su gremio. CON EL FUSIL Y LA ESTRELLA DEL CHE, VENCEREMOS.” 

En el año 2016, Arnol Kremer, alias “Luis Mattini”, afirmaría en un reportaje: “Yo creo que lo de Santillán fue un error también. La orden la dio directamente Santucho. Yo estaba presente cuando se dio la orden. Algunos estábamos con dudas porque Santillán era un dirigente sindical y nosotros no matábamos gente así. La información que recibió Santucho de Tucumán era que Santillán era informante del Ejército. Yo no sé si había suficiente prueba de que lo era. Pero, me acuerdo, sí, que fue una instrucción directa que dio Santucho. Un comando entró en el sindicato y lo bajó.”

Arnol Kremer, alias “Luis Mattini”, que sobrevivió al gobierno militar, fue el último jefe del ERP tras la muerte de Roberto Santucho, abatido por el Ejército en julio de 1976. Atilio del Rosario Santillán no podría estar incluido en los listados oficiales de “víctimas de la represión ilegal del Estado” porque no fue muerto por agentes estatales sino por el ERP y, por lo tanto, no correspondería tampoco que del erario público se pague una indemnización por su muerte. De hecho, no está registrado, ni en el Informe CONADEP de 1984, ni en el listado del gobierno de Néstor Kirchner en 2006, ni en la última versión de estos registros, el listado confeccionado por el gobierno de Cristina Fernández en 2015: no es una “víctima oficial” del Estado.

Sin embargo, por la muerte de Atilio Santillán, se pagó una indemnización varias veces millonaria como si, efectivamente, lo hubiesen asesinado agentes del Estado. En el año 1996, alguien inició el trámite, ante la Secretaría DDHH, para gestionar el beneficio normado en la “ley reparatoria” 24.411 y el expediente recibió el número 408.937/96. El pedido no prosperó por casi diez años hasta que, en tiempo de Néstor Kirchner, en marzo de 2007, el Estado pagó por el “caso Santillán” una indemnización que, actualizada por inflación a noviembre de 2021, es de $ 19.679.673. Si algunos funcionarios autorizaron este pago siendo Santillán una figura pública, fácil de recordar y de obtener información sobre ella, ¿por cuántos Juan Pérez, que nunca conocimos ni conoceremos y que, como Santillán, ni siquiera fueron registrados, se pagaron indemnizaciones? 

En el Parque de la Memoria, que depende del Gobierno de la Ciudad, se homenajea a Atilio Santillán. En el frontispicio que inicia el monumento puede leerse, en letras de molde, que allí se recuerda y homenajea a “los que murieron por ideales de justicia y equidad”, pero a Santillán lo asesinaron por “traidor”. 

3. Caso Pedro Sabao

26 de noviembre de 1975, gobierno constitucional de Isabel Perón.

En la página 29 del número 10 de la revista “Evita Montonera, órgano oficial de Montoneros” puede leerse: “28 de noviembre. Un Pelotón de Combate de Montoneros ejecutó al traidor y delator de compañeros y actual miembro de la Juventud Sindical de Rosario, Pedro Sabao, quien al intentar huir cayó al Río Paraná”. Nada dijeron de las heridas gravísimas provocadas a Carlos Sabao, hermano de Pedro, de las que, entonces, se reponía en un hospital. Carlos sobrevivió al atentado. Pedro Sabao fue asesinado por Montoneros en noviembre de 1975 y su cuerpo fue sepultado por su familia, en Rosario. Pedro Sabao no está incluido en el Informe de la CONADEP, lógicamente, porque no era un desaparecido y, menos, una “víctima del Estado”. En 1995, alguien inicia un expediente, que recibe el Nro. 381.615/95, ante las autoridades de la Subsecretaría de Derechos Humanos, para percibir la indemnización de la ley “reparatoria” 24.411, por Pedro Sabao. 

El 26 de marzo de 2001, la entonces Sub Secretaría de Derechos Humanos con Diana Conti como titular, lo resolvió favorablemente, ordenando el pago de la indemnización. Por la muerte de Pedro Alberto Sabao, el Estado argentino pagó $ 17.356.549, actualizados por inflación a noviembre de 2021, según Liquidación Nro. 34.796 del Ministerio de Economía, a los causahabientes designados en trámite sucesorio. Cinco años después de haberse pagado la indemnización, en marzo de 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, con Eduardo Luis Duhalde en la Secretaría de Derechos Humanos, esta dependencia publicaría un nuevo listado de “víctimas de la represión ilegal del Estado”. Aquí, Pedro Sabao es incluido, oficial y públicamente, como víctima de “EJECUCIÓN SUMARIA” por el accionar represivo ilegal del Estado. Nueve años más tarde, en el año 2015, un mes antes de dejar la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner, con Juan Martin Fresneda como Secretario de Derechos Humanos, presentó un nuevo listado, el tercero, al que se denominó RUVTE, “Registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado”. Aquí, Pedro Alberto Sabao ya no es más víctima del Estado; no está registrado. Fue eliminado.

Resumiendo: lo matan los montoneros por “traidor”; veintiséis años después, se paga por él la indemnización como si lo hubieran asesinado agentes del Estado; años más tarde, en 2006, se lo incorpora como una “víctima del Estado” en los listados oficiales y en 2015, la misma dependencia que autorizó el pago y lo incorporó a aquellos registros, ahora lo elimina de allí. En el Parque de la Memoria, que depende del Gobierno de la Ciudad, hay una placa con el nombre de Pedro Alberto Sabao. En el frontispicio puede leerse que allí se recuerda y homenajea a “los que murieron por ideales de justicia y equidad”, pero a él lo mataron por “traidor”. Arriba de la placa de Pedro, está la de su hermano Carlos. El autor del libro se comunicó con Nahuel Sabao, que vive en Rosario y es hijo de Carlos, que le contó que su padre murió de muerte natural, en el año 2016, en un geriátrico.

4. Caso Oscar Garavaglia

 “El Pato”, Oscar Jesús Garavaglia, salió sin hacer ruido de la casa donde vivía con sus padres y hermanos, en la tranquila ciudad de San Rafael, 240 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza, capital de la provincia del mismo nombre. Era el jueves 5 de enero de 1979, alrededor de las cinco de la mañana. Caminó unas pocas cuadras hasta donde ya lo esperaban cuatro amigos y de allí, fueron todos juntos en dos autos hasta la terminal de ómnibus de San Rafael y tomaron un micro hasta El Nihuil, un pequeño pueblo veraniego, a orillas del embalse del río Atuel, a sesenta kilómetros de San Rafael por la ruta provincial 173; hora y media de viaje.

El grupo de amigos, todos de entre 17 o 18 años, se iba de campamento al Club de Pescadores de El Nihuil, a orillas del lago artificial del embalse del río Atuel, y aprovecharían esos días para hacer vida al aire libre e ir a cazar piches, o quirquinchos, en la zona. Los primeros días de la excursión fueron tranquilos y soleados y los amigos aprovecharon para divertirse en el embalse. Una semana más tarde, el 12 a la mañana, en la versión que se conoció, Oscar y sus amigos, más el padre de uno de ellos que les serviría de chofer en su Rastrojero, decidieron salir al campo a cazar.

Se trasladarían por la ruta provincial 180, de tierra y ripio, entonces y ahora, hacia el sur. Irían en dirección al Cerro Nevado y, a la altura del Cerro Trintrica a unos cincuenta kilómetros del campamento en el Embalse Nihuil, dedicarían varias horas a la caza de piches.  Así lo hicieron y estuvieron, siempre según la versión de los amigos de Garavaglia, varias horas cazando. Se habían puesto de acuerdo en que, a las ocho de la noche y todavía con luz natural, “cortaban” y se volvían al Nihuil. 

A esa hora fueron volviendo todos, menos Oscar. Uno de los amigos dijo que lo había visto irse detrás de un animal y que, cuando volvió a mirar, ya no vio más, pero que no se preocupó porque, pensó, que en un rato volvía a la camioneta. Pero eso no pasó. A partir de ese momento, y en los días sucesivos, se llevó adelante una búsqueda como nadie recuerda otra igual en San Rafael en la zona adonde, supuestamente, se había extraviado Oscar. Simultáneamente, comenzaron las acusaciones de la familia contra «el grupo», cómo empezaron a denominar a los cuatro que habían estado hasta el último minuto con Oscar vivo: los cuatro amigos y el adulto, padre de uno de ellos. La exploración en la zona del Trintrica fue muy exhaustiva por tierra y por aire y llegaron a ser más de 400 las personas comprometidas en ella: amigos de la familia, vecinos de San Rafael, baqueanos, puesteros de la zona, la Gendarmería, la policía local, un helicóptero de la Fuerza Aérea que durante veinte días rastrilló la zona y un avión del aeroclub de San Rafael… No se encontró nada.

Comenzó entonces el tiempo de la acusación judicial contra los integrantes de “el grupo”, y se inició la causa N° 94.643, caratulada: «p/Averiguación desaparición de Oscar Ramón Jesús Garavaglia». Nunca se pudo probar nada contra las cuatro personas que estuvieron hasta último momento con Oscar. La sucesión de innumerables omisiones e impericias cometidas a lo largo de las casi dos décadas que duró la investigación judicial fue de tal magnitud que, además de materializar la denegación de justicia para la familia de Garavaglia, convirtió al caso en uno de los más renombrados y estudiados en los ámbitos jurídicos de la provincia y, aún, del país, en lo referente a la demora en los procesos judiciales penales. La familia Garavaglia, desde el primer día y hasta hoy, afirma en forma unánime que los responsables de la desaparición de Oscar son las cuatro personas que estuvieron con él hasta el último día. 

Así lo hicieron, y hacen, saber en cada aniversario del hecho. Si se escribe “Garavaglia + desaparecido” en el buscador de Google, se ofrecen más de cien artículos periodísticos, a lo largo de todos estos años, de medios locales, regionales y nacionales adonde esta certeza familiar es inalterable. Tal es el convencimiento familiar que, en el Facebook de Susana Garavaglia, hermana mayor de Oscar, hoy puede leerse: “Hace 42 años que asesinaron a mi hermano, Oscar J. Garavaglia, con el alegato que se había perdido en la ruta del cerro Trintica al pie del Nevado. Sí, lo asesinaron, pudimos saberlo después de una larga y tortuosa investigación. (…)”

Al año de que la justicia mendocina diera por concluida la investigación sobre el paradero de Garavaglia sin haber podido hallar a los culpables, en 2000, alguien inicia un expediente, ante la Subsecretaría de Derechos Humanos en Buenos Aires, para percibir la indemnización de la Ley Nro. 24.411 por el joven de San Rafael, como si a éste lo hubieran hecho desaparecer agentes estatales. El expediente recibe el Nro. 125572/00 y permanece varios años sin resolverse. En marzo de 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, ya con Eduardo Luis Duhalde en la Secretaría de Derechos Humanos, se publicaría un nuevo listado de “víctimas de la represión ilegal del Estado” afirmando, en su presentación, que es el producto de haber “revisado, corregido, ampliado y actualizado” el listado de la CONADEP de 1984.  Oscar Jesús Ramón Garavaglia Santos es incluido, oficial y públicamente, como un “desaparecido, víctima de la represión ilegal del Estado”. 

El expediente de Oscar Garavaglia estuvo demorado 9 años hasta que, súbitamente, se aceleró su trámite y fue resuelto favorablemente durante la gestión de Eduardo Luis Duhalde en la Secretaría de Derechos Humanos y Julio Alak en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El 25 de septiembre de 2009 se resolvió, ordenando el pago de la indemnización por Oscar Garavaglia. Por la “desaparición” de este joven mendocino el Estado argentino pagó $ 39.640.521.- actualizados por inflación a noviembre de 2021, según Liquidación Nro. 36.354 del Ministerio de Economía, a los causahabientes designados en trámite sucesorio. Este monto, se desconocen las razones, es el doble del promedio de pagos por esta ley “reparatoria”, que es, aproximadamente $ 18.000.000. 

A lo largo de veinte años, tres jueces que interrogaron muchas veces a las cuatro personas que lo vieron con vida por última vez, que conocían el lugar de los hechos porque vivían allí, que pudieron hacer peritajes, reconstrucción de los hechos, etc., no encontraron a los responsables, ni pudieron determinar qué había pasado y menos encontrar su cuerpo, pero, aparentemente, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sí. Pero el caso del joven daría otras sorpresas. 

En el año 2015, nueve años más tarde del informe oficial donde Garavaglia es considerado “víctima del Estado”, y un mes antes de dejar la presidencia de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con Juan Martin Fresneda como Secretario de Derechos Humanos, presenta un nuevo listado oficial, el tercero, al que se denomina RUVTE, “Registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado”.  Y aquí, desapareció Oscar Garavaglia. Esto es, la Secretaría de Derechos Humanos que lo había sumado en 2006 y que había autorizado su indemnización lo eliminó de sus registros: ya no es más una víctima de la represión ilegal del Estado.

Susana Garavaglia, que no cesa en la búsqueda de la verdad, está convencida de que Oscar «no se fue a ninguna parte, no se fugó como llegaron a decir… Tampoco lo secuestró nadie. Los culpables fueron los cuatro integrantes que iban con mi hermano. Nosotros hicimos una investigación privada… Mi hermano no está ni vivo ni muerto en ese lugar, (Ruta 180, zona cerro Trintica) ni ahogado porque se deshicieron de él antes. También debo aclarar porque el otro día me sorprendió mucho que en un libro se dice que mi hermano es un perdido ‘trucho’… Es cierto, mi hermano no es un desaparecido de la CONADEP… Yo no sé porque está en el libro de la CONADEP… Mi hermano fue a una cacería con sus amigos y nosotros de la CONADEP no hemos cobrado nada… ”

5. Caso Rubén Fernando Haymal

En Septiembre de 1975, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, Montoneros asesina, en Córdoba, a Fernando Haymal por “traidor” y así lo publica en su órgano de prensa, la revista “Evita Montonera”.  En 1995 alguien inicia un expediente, ante las autoridades de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que recibe el Nro. 125572/00, para percibir la indemnización de la Ley Nro. 24.411, por Rubén Fernando Haymal, cómo si lo hubieran asesinado agentes estatales. El expediente estaría sin resolver durante 8 años hasta que, súbitamente, se aceleró su trámite y fue resuelto favorablemente durante la gestión de Eduardo Luis Duhalde en la Secretaría de Derechos Humanos y Gustavo Béliz en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Así, el 23 de septiembre de 2003, tras ocho años, se resolvió favorablemente el expediente ordenando el pago de la indemnización por Haymal. Por el asesinato de este joven el Estado argentino pagó $16.627.545.- actualizados a noviembre de 2021, según Liquidación Nro. 36.111 del Ministerio de Economía, a los causahabientes designados en trámite sucesorio. Que a Rubén Haymal lo asesinaron los Montoneros lo certificaron los propios guerrilleros en su publicación Evita Montonera, en 1975; la Cámara Penal que condenó a los comandantes militares del Proceso en el fallo de la llamada “Causa 13”, en 1986; el historiador inglés Richard Gillespie en su libro “Montoneros, soldados de Perón”, en 1987; el libro “La voluntad” de los ex guerrilleros Eduardo Anguita y Martín Caparrós, en 1998; el libro “Montoneros, final de cuentas” del ex guerrillero montonero Juan Gasparini, que afirma haber entrevistado a quien ejecutó a Haymal, en 1999;  el libro “Documentos” del compilador y simpatizante del “peronismo revolucionario” Roberto Baschetti, en 1999 y el libro “Galimberti”, de Marcelo Larraquy y Roberto Caballero, en 2001. 

No obstante estos testimonios y tres años después de haber pagado la indemnización de Haymal como “víctima del Estado”, en marzo de 2006, todavía durante el gobierno de Néstor Kirchner, con Eduardo Luis Duhalde en la Secretaría de Derechos Humanos, se publicaría un nuevo listado de “víctimas de la represión ilegal del Estado” y Rubén Fernando Haymal sería incluido, oficial y públicamente, como víctima de “EJECUCIÓN SUMARIA”; “víctima de la represión ilegal del Estado”. Pero el caso del joven acusado de traidor por Montoneros, daría otras sorpresas. 

En el año 2015, nueve años más tarde de que funcionarios públicos incorporaran a los listados oficiales a Haymal, y un mes antes de que Cristina Fernández de Kirchner deje la presidencia de la Nación, con Juan Martin Fresneda como Secretario de Derechos Humanos, el gobierno presentó un nuevo listado de “víctimas de la represión ilegal”, el tercero, al que se denominó RUVTE, “Registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado”. Aquí no aparece más el nombre de Rubén Fernando Haymal. La Secretaría de Derechos Humanos lo eliminó de sus registros, pese a haber autorizado el pago de la indemnización; ya no es más una “víctima de la represión ilegal del Estado”.

En el “Parque de la Memoria”, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le rinde homenaje a Rubén Fernando Haymal. Allí se recuerda públicamente, según reza el frontispicio, “a los que murieron luchando por ideales de justicia y equidad. ”, pero él fue asesinado por “traidor”.

6. Caso Adriana Kornblhitt

Adriana Kornblhitt era una joven combatiente de Montoneros a la que, cuando tenía 15 años, la organización le dio la orden de colocar un explosivo en una comisaría en Monte Chingolo. Así intentó hacerlo el 31 de marzo de 1977 pero el explosivo le explotó en las manos, matándola. El compilador y simpatizante de los Montoneros, Roberto Baschetti así lo relata en un libro de su autoría: “Adriana murió exactamente el mismo día que cumplía 16 años al intentar colocar un explosivo en una Comisaría de Monte Chingolo. El mismo se activó y explotó quemándole las manos (…). ”

Fue inhumada por las autoridades como NN porque la explosión dañó severamente sus manos lo que imposibilitó o dificultó la identificación de sus restos. “Adriana murió en 1977, despedazada por una bomba que le estalló en las manos, mientras se aprestaba a colocarla en una comisaría”. En el año 1995 alguien inicia un expediente ante las autoridades de la entonces Subsecretaría de Derechos Humanos, que recibe el Nro. 379784/95, para percibir la indemnización de la Ley Nro. 24.411, por Adriana Kornblhitt, cómo si su muerte hubiera acontecido por acción de agentes estatales.

En marzo de 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, con Eduardo Luis Duhalde en la Secretaría de Derechos Humanos, se publicaría un nuevo listado de “víctimas de la represión ilegal del Estado” y aquí, Adriana Kornblhitt sería incluida, oficial y públicamente, como víctima de “DESAPARICION FORZADA”; por la “represión ilegal del Estado”. El expediente gestionando el cobro de una indemnización estaría sin resolver durante 12 años hasta que, súbitamente, se aceleró su trámite y fue resuelto favorablemente durante la gestión de Eduardo Luis Duhalde en la Secretaría de Derechos Humanos y Alberto Iribarne en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El 27 de febrero de 2007, por la muerte de esta joven de 16 años causada por el explosivo que transportaba, el Estado argentino pagó $19.589.161, actualizados a noviembre de 2021, según Liquidación Nro. 36.776 del Ministerio de Economía, a los causahabientes designados en trámite sucesorio. A fines del año 2015, un mes antes de que Cristina Fernández de Kirchner dejara la presidencia de la Nación, con Juan Martin Fresneda como Secretario de Derechos Humanos, se produciría otra novedad con la joven montonera. El gobierno presentó un nuevo listado, el tercero, al que se denominó RUVTE, “Registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado” y aquí ya no figuraría más Adriana Kornblhitt. La Secretaría de Derechos Humanos, que la incorporó en 2006 como asesinada por el Estado y autorizó el pago de la indemnización, ahora la eliminó de sus registros; ya no es más una “víctima de la represión ilegal del Estado”.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le rinde homenaje a Adriana Kornblhitt con una placa de pórfido patagónico con su nombre en el Parque de la Memoria, frente al Aeroparque metropolitano. ”

7. Caso Clara María Elsa Rossi

Clara María Elsa Rossi Bazzi, combatiente del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) fue muerta por la policía luego de que ésta asesinara al Oficial Juan Carlos Valverde el 18 de marzo de 1975 en un allanamiento en el límite entre CABA y el GBA. Rossi formaba parte de una banda sediciosa ilegalizada por el gobierno constitucional de entonces, al que enfrentaba con armas, y ya había participado de innumerables hechos de violencia, entre ellos el intento de secuestro de un empresario y el atentado contra el Jefe de la Policía Federal. 

Así lo anunciaba la revista “Estrella Roja”, órgano oficial del ERP: “CLARA MARÍA ELSA ROSSI UNA MILITANTE EJEMPLAR” Parte de Guerra: siendo las 0 horas 8 minutos del martes 18 de marzo de 1975, al entrar a una casa operativa, que había sido allanada, fue apresada nuestra compañera CLARA MARÍA ELSA ROSSI (“Ana”). Cabe destacar que nuestra compañera había entrado desarmada. Sin embargo, en el interior de la casa logró apoderarse de un arma, defendiéndose valientemente hasta caer muerta. En el enfrentamiento logró matar al OFICIAL SUBINSPECTOR VALVERDE. La guerrillera, de 20 años, fue enterrada por su familia. 

En 1995, alguien inicia un expediente, que recibe el Nro. 388275/95, ante las autoridades de la Subsecretaría de Derechos Humanos, para percibir la indemnización de la Ley Nro. 24.411, por Clara Rossi. El expediente estuvo demorado 6 años hasta que el 24 de agosto de 2001 se resolvió, ordenando el pago de la indemnización como si Rossi fuera una víctima de la “represión ilegal” del Estado. Mediante Liquidación Nro. 35.316 del Ministerio de Economía, por la muerte de Clara Rossi el Estado argentino pagó $17.971.159, actualizados por inflación a noviembre de 2021, a los causahabientes designados en trámite sucesorio. 

Cinco años después de haberse pagado la indemnización, en marzo de 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, con Eduardo Luis Duhalde en la Secretaría de Derechos Humanos, se publicaría un nuevo listado de “víctimas de la represión ilegal del Estado” y Clara Rossi es incluida, oficial y públicamente, como víctima de “EJECUCIÓN SUMARIA”. Nueve años más tarde, en el año 2015, un mes antes de dejar la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner, con Juan Martin Fresneda como Secretario de Derechos Humanos, presentó un nuevo listado, el tercero, al que se denominó RUVTE, “Registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado”, adonde Rossi Bazzi es vuelta a registrar como una víctima de “ASESINATO” mediante “EJECUCIÓN”.

En el Parque de la Memoria, que depende del Gobierno de la Ciudad, hay una placa con el nombre de Clara María Elsa Rossi. En el frontispicio se afirma que allí se recuerda y homenajea a “los que murieron por ideales de justicia y equidad”.

8.Caso Antonio Impini y Jorge Luis Zugarramurdy

Noviembre de 1975, en el conurbano bonaerense. Gobernaba el peronismo en la Argentina y el número 63 de la revista “Estrella Roja” del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), relataba así un episodio: “Buenos Aires. En un enfrentamiento entre guerrilleros y policías resultaron muertos un subinspector de la policía provincial y un suboficial de la Fuerza Aérea. También fueron abatidos dos guerrilleros, Rogelio Antonio Impini y Jorge Luis Zugarramurdy.” Los integrantes del ERP eran, para esa época, “subversivos” y estaban siendo perseguidos penalmente en virtud de la “Ley antiterrorista”, la 20.840, aprobada un año antes por el Congreso de la Nación, porque se entendía que “para lograr la finalidad de sus postulados ideológicos, buscan alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación, por vías no establecidas por la Constitución Nacional y las disposiciones legales que organizan la vida política, económica y social de la Nación.” 

En la acción son muertos por los guerrilleros, como queda dicho, un subinspector de la policía de la provincia de Buenos Aires, Jorge Henrique y un suboficial perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina, del que se desconoce el nombre y que estando circunstancialmente en el lugar y que, aparentemente, se involucró al ver el ataque al efectivo policial. En el Informe “Nunca Más” de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), del año 1984, Impini y Zugarramurdy no fueron incluidos como “desaparecidos”, “víctimas de la represión ilegal del Estado”, sencillamente porque no eran ni una cosa ni la otra. Sus cuerpos sin vida fueron entregados a sus familiares días después del tiroteo y su “represión” no era ilegal: murieron enfrentando a tiros a fuerzas legales de un gobierno constitucional.

En el año 1995, alguien inicia un expediente en la Secretaría de Derechos Humanos para reclamar la indemnización mencionada por la muerte de Zugarramurdy. Dicho trámite lleva el número 382.014/95. Esa dependencia, en el año 2001, resuelve favorablemente el reclamo y en octubre de ese año el Estado paga, por la muerte de Jorge Luis Zugarramurdy, a los causahabientes designados en la sucesión , la suma, actualizada por inflación a noviembre de 2021, de $17.251.874. El expediente para cobrar por Rogelio Impini, se iniciaría, ante la Secretaría de Derechos Humanos, en el año 2005 y con el número 150.017/05, y sería resuelto favorablemente por esa dependencia en octubre de 2007, disponiendo el pago de una indemnización por la suma, actualizada por inflación a septiembre de 2021, de $21.738.712, a los causahabientes designados en el trámite sucesorio. 

En el año 2006, el gobierno de Néstor Kirchner presenta un nuevo informe con la lista de las “víctimas de la represión ilegal del Estado” y, Rogelio Antonio Impini  y Jorge Luis Zugarramurdy , son incluidos como víctimas de EJECUCION SUMARIA. Pero, en noviembre de 2015, el gobierno de Cristina Kirchner, un mes antes de dejar la administración del Estado, publica un nuevo listado oficial de “víctimas del Estado”, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos, el RUVTE (Registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado) en donde se elimina a Impini y a Zugarramurdy. Ya no son más víctimas.

En el Parque de la Memoria, frente al Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, que depende del Gobierno de la Ciudad, hay una placa de pórfido patagónico con el nombre de Jorge Luis Zugarramurdy.  En el frontispicio que inicia el monumento puede leerse que allí se recuerda y homenajea a “los que murieron por ideales de justicia y equidad”. No está registrado Impini.

9. Caso Hugo Therisod

En pleno centro de la Ciudad de Córdoba, a las 11 de la mañana del día 20 de agosto de 1975, una “unidad de combate” del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), atacó en forma simultánea tres dependencias policiales “con el objeto de detener y ajusticiar a todo el personal”, provocando con su accionar la muerte de cinco integrantes de las fuerzas legales y sufriendo una baja en sus filas. La Argentina era gobernada, entonces, por un gobierno constitucional, peronista.

Por la magnitud y temeridad de la agresión, ésta fue naturalmente reflejada en primera plana de medios periodísticos locales, nacionales e internacionales. Pero dejemos que sea la misma organización guerrillera, en su revista “Estrella Roja”, la que nos describa la sangrienta operación: “La Unidad ‘Decididos de Córdoba’ del Ejército Revolucionario del Pueblo, intentó copar la División Informaciones de la policía provincial con el objetivo de detener y ajusticiar a todo el personal de dicha dependencia. (…) Al mismo tiempo fueron atacados la sede del Comando Radioeléctrico, el edificio de la Guardia de Infantería y se realizaron cortes en varias calles en la zona céntrica para dificultar la llegada de refuerzos enemigos.”

El grupo guerrillero, ilegalizado dos años antes por el gobierno constitucional, en la misma edición de su revista relata el modo en que usaban la violencia contra la “burguesía”, para obtener objetivos políticos: “El ataque en Córdoba a las concentraciones principales de la policía de la provincia ha sembrado el pánico y la desorientación en las filas del enemigo que no sabe para qué lado disparar. (…) En esta crítica situación y cuanto más decidida sean las luchas populares y guerrilleras es probable que la burguesía y sus FFAA se vean obligados a ceder en el terreno de las libertades democráticas (…) Pero para lograr la plena vigencia de esas libertades es necesario jaquear con más energías y masividad que nunca a la burguesía en las movilizaciones fabriles y callejeras y en los precisos golpes guerrilleros. (…) Ante estas circunstancias y con el ánimo de contribuir a crear las condiciones para la democratización y la pacificación del país que el pueblo necesita nuestra organización estaría dispuesta a suspender sus actividades militares sobre la base de los siguientes puntos.” Y enumera varios puntos que deberían conceder las autoridades políticas democráticas para que se produzca el “armisticio” ofrecido. 

A renglón seguido anuncia que, en las operaciones, “nuestra Unidad sufrió la pérdida del compañero HUGO THERISOD heroicamente caído en combate.” Un mes y dos ediciones después, en el Nro. 61 de “Estrella Roja”, en su página 19, la publicación oficial del ERP presenta un semblante del guerrillero abatido: “Hugo Therisod (alias) ‘Roque’. Por la necesidad de colaborar activamente en la lucha armada como único camino de liberación, se incorpora como Responsable Militar en el Secretariado Estudiantil en Córdoba en noviembre de 1974. (…) Su compromiso con la revolución socialista, su odio a la policía y demás fuerzas represivas lo llevan a cumplir con iniciativa y enorme alegría su tarea: el ataque a la Guardia de Infantería. Murió valientemente cuando desprendido del resto de sus compañeros debió enfrentar sólo con una pistola a un conjunto de policías fuertemente armados dando un alto ejemplo de moral revolucionaria.” 

Therisod, como queda claro en el relato, muere enfrentando a los tiros a la policía de un gobierno constitucional mientras, con sus compañeros, atacaban sus dependencias para “detener y ajusticiar a todo el personal” y “jaquear a la burguesía”. En el Informe CONADEP de 1984, Hugo Therisod no fue incluido en los listados de “víctimas de desaparición por la represión ilegal del Estado”. No estaba “desaparecido”; sus familiares recibieron su cuerpo sin vida, y, menos, era una “víctima de la represión ilegal”; ya que formando parte de un grupo sedicioso atacó dependencias policiales y, tras tirotearse con el personal que allí se encontraba, resultó abatido.

No obstante, en el año 2000 alguien se presenta en la Secretaría de Derechos Humanos e inicia un trámite para cobrar la indemnización prevista en la ley “reparatoria” 24.411, como si Therisod hubiera sido, efectivamente, víctima de la “represión ilegal”. Al expediente se le asigna el número 125.819/00, que se resuelve en el año 2004, cuando la dependencia mencionada, con Eduardo Luis Duhalde como titular, autoriza el pago a los causahabientes de Therisod, lo que se realiza mediante liquidación del Ministerio de Economía 36.273, en marzo de ese año.  El monto percibido, actualizado por inflación a septiembre de 2021, es $20.252.171. Dos años después, en 2006, cuando ya se había pagado la indemnización, Therisod es incluido como “víctima de EJECUCIÓN SUMARIA” en el nuevo listado, “revisado, corregido, ampliado y actualizado”, que elaboró la Secretaría de Derechos Humanos, con el mismo titular. En el año 2015, un mes antes de dejar la presidencia, Cristina Kirchner, junto con su secretario de Derechos Humanos, Martin Fresneda, publican un nuevo listado, el “Registro Unificado de Víctimas del terrorismo de Estado” (RUVTE), en el que Therisod ya no figura más. Ya no es, más, una “víctima del Estado”.

En el “Parque de la Memoria”, frente al Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, que depende del Gobierno de la Ciudad, hay una placa con el nombre de Hugo Therisod. En el frontispicio que inicia el monumento puede leerse, en letras de molde, que allí se recuerda y homenajea a “los que murieron por ideales de justicia y equidad”. 

10. Caso Mario Luis Noriega

El “Pato” Mario Luis Noriega era hijo de un oficial de la Marina y cadete del Liceo Naval “Almirante Brown”, hasta que un día pidió la baja y fue a terminar su bachillerato en un colegio secundario de La Plata. Al mismo tiempo empezó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), agrupación “de superficie” de Montoneros. De allí pasó a la Juventud Peronista (JP) organizando una Unidad Básica, en la barriada humilde de Tolosa, localidad cercana a La Plata y como dice uno de sus biógrafos  “luego, aumenta su compromiso con la causa popular y pasa a ser un soldado más del Ejército Montonero.” 

La revista “Evita Montonera“ Nro. 10, bajo el título “Los mártires del pueblo”, nos cuenta que: “El 12 de noviembre, el montonero Mario Luis Noriega, el ‘Pato’, obrero del Astillero Río Santiago, cayó combatiendo en La Plata, en un enfrentamiento con la policía provincial. En el cumplimiento de una tarea organizativa, el ‘Pato’ fue interceptado por una pinza policial. Armado con una pistola Colt y una granada, el compañero logró romper la pinza, y se refugió en una casa. Detectado por sus perseguidores, el ‘Pato’ se resistió durante dos horas, causando una baja al enemigo, pero luego fue cercado, reducido y rematado por la policía. La muerte del compañero nos impide conocer los detalles de su muerte pero sabemos que aprovecho todas las oportunidades que tuvo para no entregarse sin combatir. Con su muerte el ‘Pato’ nos deja un ejemplo a seguir en la lucha por la liberación de la Patria. Por su origen, una familia de marinos oligarcas, él podía haber elegido pertenecer a la raza de los explotadores. Pero su muerte es coherente con la forma en que vivió. Abandono la carrera militar para militar primero en la UES y luego en una villa de emergencia. Luego ingresó como obrero en los Astilleros Río Santiago y allí compartió la lucha de sus compañeros. La combatividad del ‘Pato’ durante el enfrentamiento es consecuente con la combatividad demostrada en su vida militante.”  

Años más tarde una investigación que repasa la vida de los “insurgentes” ex alumnos del Liceo Naval Brown agregaría varios detalles relevantes de la vida y la muerte de Noriega. La “tarea organizativa”, mencionada en la revista de los guerrilleros, consistía en “mover” un auto, ya robado por Montoneros, que estaba estacionado desde hacía muchas horas en un lugar y, como mandaban los protocolos de seguridad, cada tanto había que “moverlo”; estacionarlo en otro lado, para no despertar sospechas. Y Noriega se ofreció para hacerlo. Era el 12 de septiembre de 1975 y estaba en La Plata. 

Llegó hasta el vehículo, usó la ganzúa para abrirlo y el “puente” para encenderlo y arrancó. “Cuando le faltaba muy poco para alcanzar su objetivo, el joven oficial montonero avistó una pinza policial. Intentó dar marcha atrás con naturalidad como si lo suyo no fuera más que la equivocación de un conductor distraído. Inmediatamente recibió la voz de alto. Arrancó en contramano a la máxima velocidad. El disimulo ya era inútil. Le disparaban y él respondía disparando con una mano. Cuadras después, detuvo de golpe la marcha, a su pistola Colt calibre 45 le sumó una ametralladora y abandonó corriendo el auto. Para cubrir sus espaldas mientras intentaba retirarse, arrojó una granada de mano que sorprendió y contuvo al personal de la policía bonaerense que lo perseguía. Imposibilitado de hacerse con otro auto o escapar a la carrera, decidió ocultarse. Rápidamente se trepó al techo de una casa tratando de ganar tiempo y ver cómo evolucionaba el cerco.

La policía pasó por esa cuadra sin detectarlo y continuó rastrillando la zona. Los sintió dar vueltas y vueltas, cada vez más lejos. Y de golpe tenía a sus perseguidores de nuevo encima. Luego se sabría que, al sentir ruidos en el techo, la mujer que estaba en la casa telefoneó muy asustada a la policía. Habían vuelto con refuerzos, rodeaban su posición y lo conminaban a rendirse. Como dice la revista ‘Evita montonera’, ‘sabemos que aprovechó todas las oportunidades que tuvo para no entregarse sin combatir.’ Esta muerte causó especial conmoción. Se había tratado de un tiroteo en pleno día, a pocas cuadras de la Municipalidad, la Legislatura Provincial, la Casa de Gobierno, el Rectorado de la Universidad. Y el muerto era un muy carismático dirigente local de Montoneros. Además, integrante de una familia platense distinguida. El policía muerto en el enfrentamiento del 12 de noviembre –la baja al enemigo según el parte de Evita Montonera- fue un simple agente (sic). De apellido Orona, figura en algunas fuentes como Bernardo y en otras como Rubén.” 

También sabemos que: “’La casa de los Noriega era de las pocas a disposición nuestra al principio de la militancia. Allí se limpiaban armas, se practicaba desarmarlas y volverlas a armar, se hacían kits de sanidad y bombas molotov. Y los Noriega sabían’, recuerda una militante, fundadora de FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) en La Plata. Ese piso, así como el chalet en Villa Gesell, fueron además los lugares ‘donde buena parte de las chicas de la agrupación tuvieron su primer sexo’. Precisamente en el piso de los Noriega funcionó la primera imprenta de Montoneros en La Plata.”  

El biógrafo citado arriba nos brinda más datos: “Cuando fue detectado por el enemigo, el ‘Pato’ se resiste durante más de dos horas, causando una baja mortal a sus perseguidores (luego se sabe que es el hijo de un comisario), en tanto que otro de los sitiadores queda parapléjico. ‘El Pato’ muere cuando se le acaban las municiones”. El “Pato” Noriega no está registrado en el “listado de personas desaparecidas” de la CONADEP 1984, como “víctimas del accionar represivo ilegal del Estado”. En primer lugar, porque su cuerpo fue entregado a la familia y en segundo lugar porque la represión a sus delitos múltiples era lo que los agentes debían hacer. Noriega muere “en su ley”. Montoneros, ya hacía un año que había anunciado que “pasaba a la clandestinidad” para combatir, mediante la violencia política al gobierno constitucional de la viuda de Juan Domingo Perón y él formaba parte de ese grupo que además había sido puesto fuera de la ley por el gobierno peronista, que lo había ilegalizado. Él estaba manejando un auto robado, portaba armas de guerra, intenta eludir un control policial y no acata la voz de alto; huye a contramano, maneja a alta velocidad y se tirotea con la policía que lo persigue, a los que luego arroja una granada. Resiste durante dos horas y mata a un efectivo policial, causándole gravísimas heridas a otro, hasta que se le agota la munición; no acepta la invitación a rendirse y es abatido. 

En el año 1995 alguien inició un trámite en la Secretaría de Derechos Humanos para cobrar la indemnización reglada en la ley “reparatoria” 24.411. El trámite recibió el número 379.810/95 y se resolvió seis años después, en noviembre de 2001, pagando el Ministerio de Economía, mediante liquidación Nro. 35.509, la suma, actualizada por inflación a septiembre de 2021, de $18.461.183. Recién cinco años después, durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2006 y con Eduardo Luis Duhalde en la Secretaría de Derechos Humanos, Mario Luis Noriega es incorporado en los registros oficiales como “víctima de la represión ilegal del Estado” bajo el rótulo de EJECUCION SUMARIA.

Pero, en el año 2015, Cristina Fernández, un mes antes de dejar la presidencia publica un nuevo listado al que llama “Registro Unificado de Víctimas del terrorismo de Estado” (RUVTE), en donde Noriega ya no figura más. Para los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, ya no es una “víctima del Estado”, pese a que esa dependencia autorizó el pagó una indemnización por él. 

En el “Parque de la Memoria”, frente al Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, que depende del Gobierno de la Ciudad, hay una placa con el nombre de Mario Luis Noriega. En el frontispicio que inicia el monumento puede leerse, en letras de molde, que allí se recuerda y homenajea a “los que murieron por ideales de justicia y equidad”. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3755554107864131&set=a.124391637647081

  Ante el Juzgado 4º en lo Civil y Comercial de 2º Circunscripción de Mendoza, provincia de Mendoza, en “Garavaglia Oscar Jesús Ramón P/ Sucesión. Expediente N° 105.924”

  https://mediamendoza.com/mediamaniana/141698-a-39-anios-de-la-misteriosa-desaparicion-de-oscar-garavaglia-su-hermana-reafirma-su-teoria-%E2%80%9Clo-mataron%E2%80%9D  Susana, cuando menciona “la CONADEP”, se refiere a “los registros oficiales de desaparecidos”. La CONADEP se disolvió en 1984 una vez que entregó el Informe para el cual había sido creada y Oscar Garavaglia no estaba incluido en ese listado.

  Revista “Evita montonera – Órgano oficial de Montoneros”, Año I – Nº 8, Buenos Aires, octubre de 1975, “Juicio revolucionario a un delator”, pág. 21

  Ante el Juzgado de 1ra Instancia en lo Civil y Comercial de la 42° nominación de Córdoba, provincia del mismo nombre, en “Rehace expediente en autos: Haymal Rubén Fernando s/ declaratoria de herederos”.

  http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/registros/2705/

  “La memoria de los de abajo – Hombres y mujeres del peronismo revolucionario 1945 – 2007”, Volumen I, de Roberto Baschetti, Editorial de la Campana, Año 2007, 1ra edición, pág. 281

  Virginia Giussani en www.lainsignia.org/2003/agosto/cul_033.htm

  http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/registros/1800/

  Revista “Estrella Roja” N° 52 https://eltopoblindado.com/opm-marxistas/ejercito-revolucionario-del-pueblo-erp/estrella-roja-no-52/

  http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/registros/9292/?nav

  https://eltopoblindado.com/opm-marxistas/ejercito-revolucionario-del-pueblo-erp/estrella-roja-no-63/ lunes 3 de noviembre de 1975, en la sección llamada “Crónica de la Guerra Revolucionaria”, página 17. “Estrella Roja – Órgano del Ejército Revolucionario del Pueblo”

  http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/73268/norma.htm 

  “ZUGARRAMURDY JORGE LUIS S/SUCESION EXPTE. NRO 113.685/95”, en el Juzgado Nacional de 1ra Instancia en lo Civil Nro. 69, Secretaría única de la Capital Federal.

  “IMPINI ROGELIO ANTONIO SU SUCESION”, en Juzgado de 1ra Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 4 de San Martín.

  Informe de la Secretaría DDHH Año 2006, Tomo II, pág. 1041, Eudeba, Buenos Aires, 2006

  Informe de la Secretaría DDHH 2006, Tomo II, pág. 1124, Eudeba, Buenos Aires, 2006

  http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/registros/9497/

  Estrella Roja Nro. 59, pág. 5 del 27 de agosto de 1975

  http://www.ruinasdigitales.com/revistas/EstrellaRoja%2061.pdf

  “THERISOD HUGO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” en Juzgado de 1º Instancia y 47º Nominación Civil y Comercial de Córdoba.

  http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/registros/9515/

  http://www.robertobaschetti.com/biografia/n/30.html

  Revista “Evita montonera” Nro. 10, diciembre de 1975, pág. 31

https://www.cenae.org/uploads/8/2/7/0/82706952/hijos_de_brown.pdf

  “NORIEGA MARIO LUIS S/SUCESION-CAUSA: A-314.125/96” en Juzgado de 1ra Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 1 del Departamento Judicial de La Plata

  http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/registros/9252/

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