La privatización facciosa del Estado
El mayor legado de los liberales de la Generación del 80 es algo que los liberales de hoy quizá no están dispuestos a reconocer fácilmente: un Estado moderno, eficiente y bien planificado. Para un atento observador de la Argentina como fue Ortega y Gasset, ese Estado era una fascinante maquinaria cuyo funcionamiento, no obstante, encerraba un riesgo de primer orden, que era terminar asfixiando la energía creativa de un pueblo joven. La advertencia es de fines de la década de 1920.
El peronismo fue un movimiento político engendrado en las entrañas del Estado. Por esa razón, desde su origen siempre hubo una confusión entre una cosa y la otra. Los peronistas se creyeron los dueños del Estado. Mientras el Estado Argentino mantuvo su condición de instrumento privilegiado de la política, transmitió su dignidad y el sentido de su misión a sus funcionarios. También a los peronistas.
Mientras el Estado Argentino mantuvo su condición de instrumento privilegiado de la política, transmitió su dignidad y el sentido de su misión a sus funcionarios.
A principios del presente siglo (más o menos) el Estado Nacional experimentó una mutación notable. De instrumento principal de la política se convirtió en una herramienta de poder con el objetivo -ciertamente menor- de la perpetuación de una fuerza política conocida como kirchnerismo. El fenómeno, no obstante, puede observarse en los niveles subnacionales: los estados provinciales y municipales también son frecuentemente puestos al servicio prioritario de las fuerzas políticas que los controlan.
El Estado Argentino perdió su dignidad y la noble función que le era propia para pasar a ser un botín disputado por grupos de poder enfrentados entre sí. Era el momento de la militancia. Esta operación de privatización facciosa de Estado no fue un mero takeover. Se lo presentó con el aparato de legitimación ideológica habitual.
En el plano formal el Estado mantiene su condición de aparato tecnoburocrático al servicio del interés público, financiado por los impuestos de todos. En el plano del discurso el kirchnerismo presenta una especie de Estado de clase, social, representante y protector de los débiles y marginados, igualitario, concentrador y redistribuidor de riqueza. En el plano de la acción es una agencia al servicio de una fuerza política.
El funcionario kirchnerista desprecia los modos, la dignidad y los fines que son inherentes a todo servidor público y sigue comportándose como un militante, es decir, como un hombre de partido. Nunca hace la transición de una condición a otra.
El funcionario kirchnerista desprecia los modos, la dignidad y los fines que son inherentes a todo servidor público y sigue comportándose como un militante, es decir, como un hombre de partido. Nunca hace la transición de una condición a otra. La función para la que fue designado es secundaria. Sus objetivos son otros. A ellos subordina el
poder que posee el cargo que ocupa. ¿Qué hace con ese poder? Favorece a su propia facción, hace “política militante”. Para eso, naturalmente, no hace falta idoneidad, experiencia, integridad ni formación. Ni siquiera lealtad. Apenas docilidad y un margen de iniciativa propia para medrar en la estructura.
Con el imperativo de la supervivencia
Con el advenimiento del cuarto gobierno kirchnerista el objetivo sostenido de privatización facciosa del Estado ha abandonado prácticamente toda fachada ideológica y se muestra con una crudeza inédita, indisimulada, al tiempo que adquiere un carácter más sistemático que nunca. Los funestos efectos pueden distinguirse en cuatro formas diversas pero conectadas entre sí. La actualidad nos permite ilustrarlas con ejemplos muy elocuentes:
1. El Estado ineficaz: el caso Feletti
La consecuencia más grave de un Estado al servicio de una facción es que no solamente deja de orientarse por el criterio de interés público, que debería ser la estrella polar de su accionar, sino que se desentiende totalmente de él. Las medidas se toman sin ninguna consideración de su verdadera utilidad ni eficiencia. Constituyen una performance destinada a generar una fachada de gestión o de administración con la que se ocultan los verdaderos propósitos de los funcionarios. Es el caso del Roberto Feletti, flamante Secretario de Comercio, quien encaró no bien llegar al cargo un paquete de medidas históricamente fallidas: el control de precios.
2. El Estado obeso: Máximo Kirchner y los pibes de la Cámpora
Un efecto directo derivado de la supresión del criterio de eficacia es el sobredimensionamiento del Estado. Despojado de los fines que le son propios, desaparece el principio de proporcionalidad de los medios. Este proceso de engorde improductivo y perjudicial se lleva a cabo mediante el uso clientelar de recursos humanos y materiales. Como organización juvenil (con todo lo problemática que tiene esa etiqueta) la Cámpora introdujo una innovación notable respecto de otros grupos similares. La militancia no es un camino que transita, a modo de iniciación, instancias de gremialismo estudiantil secundario o universitario ad honorem, sino que se accede casi de inmediato a la designación en alguna repartición pública. El Estado es esencialmente un instrumento de reclutamiento, cooptación y fidelización de la militancia.
3. El Estado como arma: el caso Aníbal Fernández
El reciente retorno de Aníbal Fernández al Gabinete dejó a las claras la concepción de Estado del kirchnerismo. En un momento crítico, el Gobierno posterga toda idoneidad o integridad en la designación en una cartera clave como Seguridad, prefiriendo a alguien que sólo ha mostrado habilidades para la pelea verbal y las operaciones contra opositores.
El rol del nuevo ministro se empezó a poner en evidencia con una amenaza apenas disimulada a Nik, un dibujante del diario La Nación, a través de un tuit en el que se revelaban datos personales de sus hijos. El asunto no es casual ni cabe atribuirlo a un descuido. Pero el episodio que define la función y misión específica de Fernández ha sido el conflicto con los grupos violentos de autodenominados mapuches en Río Negro, en el que se ha afectado la vida, los derechos y los bienes de los habitantes de la zona. Ante la requisitoria de la gobernadora de Río Negro de intervención de fuerzas de seguridad federales, tanto el ministro responsable como el propio Presidente de la Nación declararon que el pedido era improcedente.
Esta grave falta por omisión, contraria a la legislación vigente, parece obedecer a varios intereses concurrentes de los terroristas con miembros del Gobierno Nacional: la interna peronista en Río Negro, en la que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Soria es parte interesada; las vinculaciones ideológicas y judiciales entre la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Gómez Alcorta y los activistas implicados; oscuros intereses inmobiliarios de los socios empresariales del Gobierno y relaciones de parentesco entre los activistas y promotores de la violencia con la familia Kirchner. El Estado faccioso se convierte en un arma de hostilización de críticos y opositores.
4. El Estado como trampolín: el caso Berni
Este contexto de subordinación del Estado a objetivos particulares es particularmente apto para que los funcionarios públicos usen su estructura con fines de promoción personal. Los recursos públicos, simbólicos, comunicativos e institucionales, son puestos a disposición de políticos en ascenso. Sus ambiciones, no obstante, están completamente independizadas de sus resultados como funcionarios. La provincia de Buenos Aires se ha convertido en un interesante campo de observación de este fenómeno. Es el caso de Daniel Gollán, promovido de Ministro de Salud a cabeza de lista de legisladores nacionales por su provincia y también el de Sergio Berni, Ministro de Seguridad, con aspiraciones presidenciales. Sus desastrosas gestiones no son óbice para continuar sus carreras políticas con altas expectativas. Todo lo contrario.
Un programa liberal
En los últimos tiempos, el discurso que ha tomado mayor fuerza y posee un impacto más profundo en la esfera pública es el que se enfila contra el Estado y su gravitación desproporcionada sobre la sociedad. Es una discusión razonable y pertinente. Son sus inflexiones, no obstante, las que pueden frustrar políticas eficaces derivadas de esta sensibilidad generalizada. La mejor tradición liberal no es la que se desarrolla a partir de un pensamiento contra el Estado, sino sobre el Estado. En un escenario de grave distorsión general de la vida nacional -tanto en su dimensión pública como privada- el Estado es una víctima más de los depredadores de la política, del mal uso de una herramienta noble.
Recuperar la dignidad y el sentido de misión del funcionario público debería ser el núcleo central de todo programa liberal de gobierno: que puede inspirarse en una política antiestatista pero nunca antiestatal. Porque nadie cuida ni hace funcionar bien aquello que no aprecia.
Una de las tareas urgentes que deberá acometer un gobierno con verdadera vocación transformadora será restablecer las funciones y los recursos de un Estado puesto nuevamente al servicio del bien común, con particular atención a la relación de proporcionalidad y equilibrio con los diversos actores de la sociedad (no solamente el mercado). Deberá, además, recuperar la dignidad y el sentido de misión del funcionario público a través de designaciones idóneas y de integridad probada y de estrategias de profesionalización. Este debería ser el núcleo central de todo programa liberal de gobierno: que puede inspirarse en una política antiestatista pero nunca antiestatal. Porque nadie cuida ni hace funcionar bien aquello que no aprecia.
