Política

Democráticos somos todos (las vaquitas son ajenas)

Es difícil encontrar debates actuales y sistemáticos sobre la democratización argentina, entendiéndola como el proceso por el cual el régimen político instalado en diciembre de 1983 se consolidó y se desarrolló hasta estos días turbulentos que vivimos. Pensar críticamente la construcción de la democracia argentina realmente existente es algo que apenas sobrevive en los márgenes de las agendas de las Ciencias Sociales y Humanas.

En países como España, Uruguay y Chile, los años de la transición y sus secuelas permanecen en el debate público, no sólo como celebraciones de élites, también entendiendo que muchos de los sucesos actuales tienen su inicio en aquel proceso fundacional. En Argentina, en cambio, a pesar que el automóvil se descompone una y otra vez, el interés académico, intelectual, periodístico y político se centra, también una y otra vez, en cambiar el tapizado y seguir brindando por el aguante del viejo motor, aunque, todos saben que ya está fundido.

Una primera pregunta que aún permanece sin atender en toda su profundidad es ¿por qué un país que vivió el siglo XX entre golpes militares, dejó de hacerlo? Y a continuación, deberíamos responder también cuánto de la desastrosa realidad que enfrentamos hoy, tiene que ver con el camino elegido para la construcción de la democracia.

La hipótesis que se presenta a continuación argumenta que la democracia post 1983 se consolidó y resistió todo tipo de crisis debido a que logró conformarse un pacto corporativo muy inclusivo y alimentado por los recursos de un Estado que, progresivamente, fue convirtiéndose en el exitoso sostén del sistema al ser la única vía de acceso al poder y sus privilegios.

Un pacto en partes

El primero que entendió la importancia de conformar una corporación política fue Raúl Alfonsín, lo que era comprensible en ese contexto de debilidad de los políticos que, además, encaraban esa etapa con pocos recursos para repartir y sin sus grandes nombres (como Perón, Balbín, Illia, para entonces fallecidos). Alfonsín, con el proyecto del tercer movimiento histórico y un incipiente discurso sobre la superioridad moral de la militancia política, encontró en Antonio Cafiero un socio con quien compartía un diagnóstico muy preciso: la constante interferencia militar impedía constituir una corporación política estable y autónoma y, sin eso, no era posible que sobreviviera la democracia.

Las Fuerzas Armadas en el gobierno habían hecho todos los desastres imaginables, además, atacaron a políticos, sindicalistas, periodistas, empresarios, intelectuales, artistas y, como si fuera poco, se apropiaban de los cargos y del manejo del Estado. Por eso, desde 1983, uno de los pocos acuerdos alcanzados entre los partidos fue que en el “círculo rojo” habría lugar para todas las corporaciones, excepto, para los militares. Posiblemente, estos sean el único sector cuyas elites están peor hoy de lo que estaban en 1983.  

Carlos Menem accedió al poder enfrentando la alianza entre la “cafieradora” y el “alfonsinismo”, pero una vez consolidado su liderazgo, fue el gran impulsor del pacto corporativo al que le dio gran parte de las señas de identidad que hasta hoy mantiene. De su mano, el peronismo concentró el poder, eludió controles, camufló el gasto político debajo de la alfombra provincial y abrió las puertas a la corrupción en gran escala.

La tarea fue exitosa y por eso sumó otras corporaciones al pacto: la justicia, parte de los sindicatos, los empresarios “expertos en mercados regulados”, grupos de la prensa, dirigentes deportivos etc. Menem y Alfonsín, ya sin la presión militar, se propusieron acrecentar su poder, el primero, y salvar a su decaído partido, el segundo y así llegó la formalización del gran acuerdo corporativo: el Pacto de Olivos.

En la nueva constitución aparecieron la reelección, el tercer senador, más diputados por provincia y, sobre todo, el discutible artículo 38 que se mete con el financiamiento y la capacitación de los partidos y que parece considerarlos como apéndices del Estado. Por supuesto, todo decorado discursivamente con pactos internacionales y nuevas y avanzadas instituciones políticas que nunca funcionaron más allá de crear onerosas estructuras burocráticas.

La posta la tomó Eduardo Duhalde, quien con Alfonsín construyeron un sólido acuerdo sostenido en la sobre-financiada legislatura bonaerense. Ambos dirigentes decidieron poner a prueba la fortaleza del acuerdo corporativo cargándose al gobierno de De La Rua, cuando, además de sus propios errores, parecía intentar disputar el manejo de la política, incorporando nuevos actores y desechando a otros que no querían pasar a retiro.

El año 2001 fue la prueba de fuego. Mientras en Venezuela el “Pacto del punto fijo” era arrasado por el chavismo, el congreso argentino le daba salida a una crisis que en otro momento de la historia hubiera terminado con los militares en la Casa Rosada.

La solución institucional de la crisis dio una mayor confianza al pacto corporativo mientras que la devaluación y los precios de los commodities permitieron extender una generosa oferta: todas las corporaciones –menos los militares- podrían integrarse a renovado acuerdo de gobernabilidad y conseguir su lote en el Estado. La Iglesia fue presurosa en nombre del diálogo argentino y con ella los sindicalistas y empresarios nacionales que faltaban, y los movimientos sociales que, de a poco, comenzaron a ser “peronizados”.

El kirchnerismo de la mano de Néstor dio otro paso fundamental, la transversalidad, (Cristina, Cobos y vos) y sobre todo, una serie de leyes y reglamentaciones que continuaron el camino del pacto de 1994: las PASO, que permitieron a las oligarquías partidarias la posibilidad de regular la  competencia política (ya que son las juntas electorales de cada partido o coalición las que determinan quiénes y cómo participan), las leyes de financiamiento partidario y las estrictas regulaciones para la creación de nuevos partidos. Hoy en día es prácticamente imposible plantear desafíos políticos sin transitar los caminos que la corporación política ha establecido y cuyas reglas y mañas manejan con total autoridad y discreción.

Paradójicamente, los únicos intentos de cambio vinieron de la mano de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Cristina porque hasta la diversidad corporativa le parece que conspira contras sus deseos absolutistas y Macri en pos de ideas más liberales clásicas, pero poco realistas. Sin embargo, ambos se vieron obligados a negociar con los representantes del poder corporativo para llegar al gobierno y ellos mismos –sus aliados- aportaron decisivamente a frustrar esos proyectos.

Final abierto

La primavera democrática prometía una sociedad vital, creativa y vinculada al mundo que mantendría al Estado bajo un control de reglas constitucionales, pero casi cuarenta años después tenemos una democracia corporativa, una sociedad empobrecida y dependiente del Estado. Mientras tanto sus elites habitan un círculo de privilegio legitimados en un relato de la supuesta superioridad moral que le otorgan la militancia, la resistencia a la dictadura y el Estado presente.

En los años 80 la participación política era la norma en una sociedad entusiasmada por los cambios. Con la nueva década esto fue reduciéndose, pero quienes siguieron en el asunto comenzaron a ser designados en las diversas plantas del Estado nacional, provincial o municipal, Universidades o agencias varias. Al día de hoy es difícil encontrar militantes de los principales partidos políticos que no sean empleados públicos.

El pacto corporativo recorrió un largo camino desde 1983. Cada sector tuvo su lugar en la repartija del Estado, esto los protegió, hizo más poderosas a sus elites, les garantizó el permanente, aunque ineficiente, dominio de su propio territorio y algunas cuotas de poder en el orden político nacional. También aportó a construir una solidaridad inter-corporativa, es decir, si alguien toca a los empresarios textiles, saltan en su defensa los gremios de aerolíneas y si tocan a estos, los defienden los movimientos sociales y si alguien cuestiona todo eso, lo reprenden desde el Vaticano, lo condenan artistas populares e intelectuales y lo exponen públicamente los más entusiastas militantes de la democracia corporativa: los periodistas y noteros de los grandes medios de comunicación.

La lógica extractiva unió a las corporaciones a pesar de sus diferencias y les otorgó un sentido de supervivencia colectivo. Esto no quiere decir que al interior del sistema no haya tensiones, intereses contrapuestos, odios viscerales y coyunturas donde algún sector pueda caer temporalmente en desgracia. Pero, aunque a una corporación le vaya mal, a sus elites nunca les va mal.

Cerca de cumplirse cuarenta años de aquel 1983, la democracia se enfrenta a un desafío importante: cada vez es más difícil seguir financiando ese pacto corporativo desde el Estado. Tampoco hay mucho margen para expoliar más a una sociedad exhausta, además, por los efectos de una cuarentena dirigida a beneficiar primero a quienes estaban vinculados con el Estado y sus privilegios.

Por otro lado, la forma en que adoptó la democracia argentina no otorga demasiada flexibilidad a sus elites para hacer otra cosa. Por lo tanto, para cambiar las cosas realmente haría falta la destrucción del pacto corporativo que sostiene el sistema. Venezuela y Brasil recorrieron ese camino con malos resultados. Chile comenzó a hacerlo con incierto final. Colombia está dudando.

Dinamitando este sistema, nosotros no estaremos peor de lo que ahora estamos. ¿O sí?

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